Consejo de Estado niega pérdida de investidura de senador Roy Barreras

El Consejo de Estado negó la pérdida de investidura del senador Roy Barreras, al no encontrar pruebas de que el congresista haya incurrido en tráfico de influencias ante entidades del sector salud.

La demanda presentada por el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos Sánchez, señalaba que el senador cuando se desempeñó como presidente del Congreso en el 2013, solicitó al superintendente Nacional de Salud cambiar al interventor de la EPS Solsalud.

La Sala Plena, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, señaló que las pruebas aportadas al proceso no demuestran que Barreras haya efectuado ante las autoridades de salud gestión alguna para lograr el nombramiento de personas recomendadas por él, o el cambio de interventores en empresas intervenidas por la Superintendencia.

“Si bien está probado que el Senador habló con el Superintendente y el Ministerio de Salud de la problemática de la EPS Solsalud no hizo un requerimiento o gestión específica con el fin de satisfacer un interés personal o de un tercero”, indica la sentencia.

En el fallo también se explica que el demandante fundamentó los hechos denunciados en publicaciones de diferentes medios de comunicación, las cuales no pueden ser tenidas en cuenta como pruebas porque no cumplen con los requisitos que exige la ley. Además, en el proceso se tomaron las declaraciones del entonces superintendente de Salud Gustavo Morales Cobo, y del ministro de Salud Alejandro Gaviria, quienes negaron que el senador hubiese solicitado puestos o cuotas burocráticas.

Finalmente, el demandante también solicitó la pérdida de investidura del senador Barreras argumentando que en una reunión celebrada en la Casa de Nariño en el 2013, el congresista solicitó el retiro de las personas presentes en ella, en especial de los ministros que no hacían parte de la Unidad Nacional, con el fin de tratar temas burocráticos.

Para la Sala, aunque se demostró que el hecho ocurrió, ese requerimiento por sí solo no puede considerarse como un tráfico de influencias. En la decisión votó en contra la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo.