La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional ordenó a las autoridades del departamento del Cesar abstenerse de ejecutar acciones policivas en contra de la población campesina desplazada de la Hacienda Bellacruz, en el municipio La Gloria, hasta tanto se adopte una decisión de fondo frente a una acción de tutela interpuesta en contra del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.
“Ordenar a las autoridades de Policía que se abstengan de llevar a cabo cualquier acto de hostigamiento en contra de tal población, y por el contrario, proteger la vida, integridad, debido proceso e intimidad de la población desplazada de la Hacienda Bellacruz”, señala la decisión proferida por la magistrada Gloria Ortiz Delgado el pasado 22 de julio.
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De acuerdo con el alto tribunal en “las evidencias aportadas al caso concreto, existen serios indicios que permiten dilucidar una posible amenaza o afectación a los derechos a la vida, al debido proceso y a la tierra de los accionantes”.
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La decisión de medidas cautelares ordena a las autoridades de policía de los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, en el Cesar, abstenerse de ejecutar acciones policivas en contra de la población campesina desplazada en esta región al sur del departamento del Cesar.
En la acción de tutela instaurada por la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada, Asocol, se pretende que “se adjudiquen tales baldíos a las familias que los venían ocupando antes del desplazamiento” forzado ejecutado por el Bloque de las AUC Héctor Julio Peinado Becerra comandando por Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’.
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