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Primera condena proferida contra un general de la República por corrupción

Se trata del general en retiro Rafael Horacio Ruiz Navarro, quien fue gerente del Fondo Rotatorio del Ejército y alcanzó a ser inspector General del...

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Juez - Juicio - Sentencia - Veredicto - Condena - Mazo - Corte / Foto: EFE

Se trata del general en retiro Rafael Horacio Ruiz Navarro, quien fue gerente del Fondo Rotatorio del Ejército y alcanzó a ser inspector General del Ejército. Fue condenado a 12 años de cárcel por el Tribunal Superior de Bogotá por su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.


Los hechos que motivaron esta sentencia ocurrieron en diciembre de 1993 cuando el Ministerio de Defensa y el Fondo Rotatorio suscribieron un convenio interadministrativo por más de 876 mil dólares, para comprar equipos de interceptación radial conocidos como estaciones de radiogoniometría.


Estos equipos se compraron a la firma estadounidense Aegis Enterprise, pero no dieron los resultados esperados y terminaron almacenados en una bodega del Batallón de Inteligencia Técnica, en Facatativá.


Previamente, un comité técnico había hecho análisis y estudios en los que se concluía que dicha forma no era idónea para suministrar esos equipos y el servicio que se requería. Sin embargo, señala la sentencia del Tribunal Superior que el general "con criterio eminentemente subjetivo -prácticamente arbitrario, adjudicó el contrato irregularmente a Aegis Enterprises Inc., otorgándole beneficio injustificado".

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La sentencia también afecta a los coroneles María Stella Calderón Corzo, Luis Alberto Guerrero Martínez y José Gustavo Romero Amaya, quienes participaron en el proceso licitatorio. No obstante, en estos tres casos la sentencia fue de 6 años de cárcel, tal como había ordenado la primera instancia correspondiente al juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá.


En la parte resolutiva del fallo se ordena la captura de todos los militares en retiro e igualmente compulsar copias a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía para determinar el origen de sus bienes. Igualmente, en el caso del general, a pagar 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes así como la inhabilidad de 126 meses para ejercer cargos públicos.

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