En la tutela, Martínez alega que se le obstruyó el derecho al trabajo a ella y a sus trabajadoras, debido a que el Plan de Ordenamiento Territorial estimó que en la zona no debía haber casas de lenocinio (Lea también: Corte Constitucional admitió el estudio del plebiscito por la paz).
“Me quedé sin negocio, la inspección nos cerró, se dañaron muchas cosas, saquearon todos los negocios, nos perjudicaron bastante”, expuso.
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Sin embargo, la Corte Constitucional estipuló que esta decisión de la alcaldía obstruía los derechos de las trabajadoras sexuales (Lea también: Venta de Isagen se caerá, está por fuera de la Constitución: exmagistrado Gómez).
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La entrevistada aseguró que en el sector han existido estos sitios desde hace más de 40 años y que en la zona hay más negocios.
Ante la decisión, Martínez no está segura de reabrir el establecimiento, debido a que ella era arrendataria del lugar y según argumenta, aún no se le ha notificado la decisión de la Corte.
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