Según el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior se deberán realizar todas las acciones necesarias para la implementación y seguimiento de esta política pública, pues la Corte Constitucional ya ha emitido sentencias que son competencia de las entidades del estado en materia de protección de la población LGBTI en temas como: educación, cuestiones laborales, cárceles, salud, familia, documentos de identidad, prevención y protección de vida, la integridad y la libertad, entre otros.
Por lo anterior, el Gobierno consideró necesario que, a través de un decreto, se ordene la expedición de los instrumentos particulares de política pública en cada una de las entidades mencionadas en el proyecto de decreto (mediante lineamientos, resoluciones, protocolos de actuación, etc.) para que se dé cumplimiento a los fallos proferidos en las distintas materias.
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Para cumplir con el exhorto de la Corte Constitucional, el Gobierno recurrió a la consulta virtual de este proyecto de decreto con el fin de llegar no solo a los activistas LGTBI sino también al ciudadano del común por pertenecer a esta comunidad, en algunos casos, es discriminado.
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