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Procuraduría pide revisar el reajuste de avalúo de vehículos

La procuradora delegada para la función pública, Fanny González, dijo que el Ministerio Público actuará para evitar que prospere la resolución que fija la tabla de avalúo de vehículos en el país e hizo un llamado al Gobierno nacional.

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Foto: Pedro Felipe / Wikipedia
Foto: Pedro Felipe / Wikipedia

“Tenemos ejemplos de algunos vehículos que en el 2015 valían $33 millones, en el 2016 el valúo aparece en $48 millones 800, y el valor comercial del vehículo es de $25 millones. (Lea también: No hay explicación lógica a tabla de avalúos: José Clopatofsky)
 
Hacemos un llamado al Ministerio de Transporte para que ajuste la resolución de manera oportuna”, señaló González.
 
Además, la Procuraduría indaga la idoneidad de la firma que realizó los avalúos.
 
El siguiente es el comunicado emitido por la Procuraduría General:
 
La Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta la problemática que a causado el contrato firmado por el Ministerio de Transporte y la empresa Datasoft Ingeniería LTDA, para realizar el cálculo de la base gravable para el pago de impuestos de vehículos, por valor de 439 millones de pesos, presentó a la jefe de esa cartera, Natalia Abello Vives, recomendaciones al respecto.

 

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública pidió ajustes de manera oportuna a la resolución 0005358 de 2015, dentro del cumplimiento de las disposiciones legales, ante posibles falencias identificadas en dicha resolución, tales como el no encontrarse el avalúo de los vehículos para el año 2016, que algunos vehículos no se encuentran dentro de la resolución y que está sobre estimado el valor de algunos de ellos frente al valor comercial.

 

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Así mismo, se ha solicitado al operador disciplinario que investigue el contrato y el procedimiento del mismo y defina si se realizó en debida forma. También se realizará un acompañamiento al proceso de nulidad que instauró ACUVP y en el que se solicitan medidas provisionales sobre el caso.

 

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Finalmente, preocupa a la Procuraduría que este nuevo avalúo de los vehículos podría afectar los pagos por impuestos, SOAT, garantías y la economía de los colombianos propietarios de automotores.

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