Conflicto limítrofe da a Ortega bandera del nacionalismo: diputado nicaragüense

Juan Manuel Santos llamara a  consultas a su embajadora en Managua.

“El llamado de la embajadora a Colombia lo que nos hace ver es que este conflicto ha llegado a un punto en el que no ha debido estar nunca. La política de asistir a la Corte Internacional de Justicia no es una política de Daniel Ortega es de presidentes anteriores. Ortega lo único que ha hecho es recibir la sentencia que se dio en noviembre del año pasado”, manifestó el diputado de economía e infraestructura.

Además, Núñez dijo que lo único que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos es ayudar a que Ortega tome una posición que le permite hacer movimientos bruscos en política interna del país. “Este tema tuvo que haber muerto en la CIJ”, afirmó.

“Esta es una política que ha sido de Estado y apoyamos el proceso y cumplimiento del fallo de la CIJ. El conflicto verbal y las tensiones cuasi militares, más la llamada de la embajadora a Bogotá lo único que hacen es contribuir a darle a Ortega una bandera de nacionalismo, de soberanía”, agregó.

Por último, el diputado aseguró que la solución no se va da por vía de tensiones diplomáticas ni tensiones militares.

Este martes llegó a la Cancillería colombiana una nueva demanda del país centroamericano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, según María Ángela Holguín, por el desacato al fallo emitido en noviembre de 2012.

Nicaragua hizo llegar la demanda un día antes de que se ratificara la salida de Colombia del Pacto de Bogotá, que le da jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para definir diferendos limítrofes. Este miércoles se cumple un año desde que el Gobierno de Juan Manuel Santos solicitará la exclusión del tratado internacional.

En ese sentido, la canciller María Ángela Holguín explicó que en el documento radicado el martes en la tarde Nicaragua pide al tribunal internacional que Colombia acepte el fallo que entrega 75 mil kilómetros cuadrados de agua de San Andrés y cese las amenazas del uso de la fuerza que supuestamente ha hecho el Gobierno de Santos.