El fiscal general, Eduardo Montealegre, le envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez en la que solicitó iniciar investigaciones disciplinarias internas con el fin de establecer las responsabilidades sobre actuaciones adelantadas por el ministerio público en una notaría de Bogotá en la que funcionarios de la Procuraduría indagaron por diligencias que el fiscal adelantó en el sitio como abogado antes de ostentar el cargo del ente acusador.
En la carta, el fiscal le indica al procurador que la visita realizada a la notaría fue inconstitucional e ilegal porque el fuero del fiscal obliga a que este lo investigue la comisión de acusaciones.
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