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La CIDH protege a Gustavo Petro y deja el balón del lado del presidente Santos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sorprendió el martes en la noche con medidas cautelares para el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien...

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horas antes había perdido sus recursos jurídicos en el Consejo de Estado.

 

En las medidas cautelares la CIDH le pide al estado colombiano que suspenda “de manera inmediata” la destitución e inhabilidad de 15 años del alcalde que fue ordenada por la Procuraduría a finales del año pasado y que este martes en la tarde, parecía inminente luego que se cayeran en el Consejo de Estado las últimas tutelas que lo impedían.

 

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En un texto de 11 páginas, la CIDH le dice al Estado que la suspensión debe permanecer hasta que ese organismo se pronuncie sobre el fondo del asunto, los derechos políticos del burgomaestre, y que permita que Petro culmine su gestión como alcalde.

 

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Pasada la media noche mediante un breve mensaje de video publicado en su Twitter,  el alcalde celebró las esperadas medidas cautelares y convocó a una concentración a las 4:00 p.m. en la Plaza de Bolívar.

 

Una vez se conoció la expedición de la medidas cautelares, de inmediato  en los micrófonos de Blu Radio el abogado Rafael Barrios, uno de los juristas que dio la batalla jurídica ante ese organismo internacional, explicó el paso inmediato en este proceso.

 

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El ex vicepresidente y promotor por el sí en la revocatoria, Francisco Santos, arremetió contra la CIDH, organismo que según él, puso en apuros al el presidente Juan Manuel Santos quien debe acatar o no el fallo internacional.

 

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El promotor por el no en la revocatoria del alcalde Petro, el ex secretario de gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió las medidas cautelares que en su concepto se otorgan para defender los derechos fundamentales.

 

Horas antes el Consejo de Estado había tumbado las tutelas que buscaban beneficiar al alcalde Petro con una votación de 5 a 8. La presidenta del alto tribunal, magistrada María Claudia Rojas, explicó que el actuar de la Procuraduría, en torno a determinaciones disciplinarias, no vulnera el derecho fundamental de elegir y ser elegido y explicó que el alto tribunal se demora al menos una semana para redactar el fallo oficial con la determinación, con el cual se notificaría a todos los organismos.

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