de la plaza de toros La Santamaría no podía ser revocado de manera unilateral por alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
El magistrado Gabriel Mendoza salvó su voto por no estar de acuerdo con la decisión.
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Esta determinación tuvo respaldo en dos sentencias importantes de la Corte Constitucional frente al tema de la celebración de las llamadas "fiestas bravas". Una señala que las corridas solo pueden hacerse en los municipios en los que sean manifestación de una tradición regular; y la otra -que declaró constitucional la Ley 916 del 2004- asegura que los alcaldes y los concejos municipales no pueden prohibir las corridas de toros en los municipios donde exista tradición.
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La demanda de la Corporación Taurina de Bogotá, interpuesta por el presidente Felipe Negret, denunciaba que se violaba el debido proceso al terminar de forma unilateral el contrato para el préstamo de la plaza que estaba firmado hasta el año 2015.
Recordemos que un grupo de ocho novilleros desde hace un mes protagoniza una huelga de hambre en las afueras de La Santamaría, por la decisión que había tomado la Alcaldía de Bogotá.
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