El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, anunció que la Fiscalía archivó la investigación al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el nuevo modelo de recolección de basuras, debido a que no se encontraron pruebas para determinar que el alcalde incurrió en algún delito.
“Se decidió archivar la actuación por los delitos de contratos e incumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y prevaricato por acción, respecto del señor alcalde”, dijo Perdomo.
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Perdomo enfatizó que para la Fiscalía no existen elementos para considerar que por las actuaciones de del alcalde puedan ser tipificadas cometido delitos, en lo relacionado con los hechos que fueron objeto de denuncia.
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Además, el vicefiscal informó que se archivaron también las investigaciones, entorno a estos mismos hechos, contra Diego Fernando José Bravo Borda, exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y contra Henry Romero Trujillo, exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.
En ese sentido, la Fiscalía señaló que el contrato que se firmó en la Administración Distrital para lo que se denominó en su momento como un nuevo esquema de basuras, fue ceñido a las reglas legales e igualmente a determinaciones que ya había emitido previamente la Corte Constitucional.
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Sin embargo, se llamará a imputación de cargos a Nelly Mogollón, exdirectora de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, y a Carlos Rojas, asesor jurídico de esta entidad, por el presunto delito de prevaricato, debido a que firmaron una llamada ‘urgencia manifiesta’ cuando ya se encontraba firmado el contrato del nuevo modelo de recolección de basuras en diciembre de 2012.
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Otra consideración que tomó la Fiscalía fue iniciar una investigación a dos importantes testigos del caso: Manuel Sánchez y Emilio Tapia, quienes han tenido que ver en el Carrusel de la contratación de Bogotá, y señaló que se les debe investigar por su presunto falso testimonio al señalar que hubo un complot en contra de la Administración Distrital.
Tras conocerse esta decisión, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se pronunció al respecto afirmando que al final, y gracias a un esfuerzo ciudadano a la verdad, hoy ha llegado la decisión de la Fiscalía y señaló que lo quisieron apresar por no haber querido hacer parte de un Estado que es una bolsa de negocios en Bogotá.
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Tras conocerse esta decisión, el alcalde de Bogotá,
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Este es el comunicado completo emitido por la Fiscalía:
En relación con las presuntas irregularidades en el llamado nuevo modelo de aseo de Bogotá y las fallas en este servicio durante el mes de diciembre de 2012, la Fiscalía General de la Nación informa a la opinión pública:
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1. Frente a esta temática se recibieron 11 noticias criminales, las cuales se han resuelto mediante una investigación única.
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2. Fruto de la misma investigación, se archivó el proceso por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y prevaricato por acción, respecto del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego; Diego José Fernando Bravo Borda, exgerente de la EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá); así como de Henry Romero Trujillo, exdirector de la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos).
Esta decisión se produce al concluir que no existen elementos para considerar la comisión de delitos en lo relacionado con otros hechos que fueron objeto de denuncia, tales como la celebración del contrato 017 entre la Uaesp y la EAB, la expedición del Decreto 564 de 2012, la importación de vehículos compactadores, y la autorización temporal para utilizar volquetas para la recolección de basuras.
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Igualmente, se archivó la investigación frente al supuesto complot de operadores privados contra la Administración Distrital, y las presuntas irregularidades en la falta de devolución de los camiones por parte de dichos operadores.
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3. Como consecuencia de dicha labor investigativa se concluyó que existen elementos para formular imputación, por el delito de prevaricato por acción, en contra de funcionarios de la Administración Distrital, en particular de Nelly Mogollón Montañez, exdirectora de la Uaesp, al declarar la existencia de urgencia manifiesta mediante la Resolución No. 768 del 17 de diciembre de 2012 sin que existieran las condiciones de imprevisibilidad que la ley exige para ello. También, en contra de Carlos Rojas Rivera, subdirector de Asuntos Legales de la Uaesp, por las limitaciones impuestas al libre acceso al relleno sanitario Doña Juana. Los detalles de dicha actuación se conocerán en la respectiva audiencia de imputación, la cual se solicitará en los próximos días una vez se levante el paro judicial.
Según lo establecido, esas restricciones al libre acceso al relleno por parte de cualquier operador del servicio de aseo, explicaría el colapso que se dio en la prestación de este servicio público durante el mes de diciembre de 2012.
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4. La Fiscalía compulsará copias para investigar penalmente por el delito de falso testimonio a Manuel Sánchez y Emilio Tapia, en virtud de las graves inconsistencias en que incurrieron en sus declaraciones juramentadas sobre el supuesto complot de operadores privados del servicio de aseo.
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5. Asimismo, la Fiscalía determinó que la ausencia de recolección de basura en Bogotá durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012, no generó contaminación ambiental en los términos que contempla el Código Penal.
6. Finalmente, respecto a los sobrecostos y otras posibles irregularidades en la adquisición de vehículos y su mantenimiento en la empresa Aguas de Bogotá, al evidenciarse que las actividades presuntamente irregulares se siguen presentando, se considera prudente disponer que continúen las investigaciones correspondientes.
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