Coronel González del Río espera recibir beneficios de justicia transicional

Por primera vez un oficial retirado de las Fuerzas Armadas, investigado y detenido por 'falsos positivos', reconoce que espera acogerse a beneficios de justicia transicional, una vez se firme la paz entre el Gobierno y las Farc.

Se trata del coronel retirado Róbinson González del Río, uno de los principales responsables del asesinato de más de 40 humildes campesinos víctimas de ‘falsos positivos’ en Cauca y Caldas, y quien ha encendido el ventilador en contra de más de diez generales del Ejército por ejecuciones extrajudiciales.

En una carta enviada por el abogado John Alfredo Castelblanco a la Fiscalía, señala que el coronel González del Río espera poder acogerse a eventuales beneficios de justicia transicional que cobijarían a guerrilleros, paramilitares y militares, al amparo del proceso de paz que adelantan el Gobierno y las Farc en La Habana.

El abogado Castelblanco le dice explícitamente a la Fiscalía que antes de firmar cualquier beneficio con las autoridades, el coronel espera resultados de ese proyecto, que según él, debe surgir de las conversaciones de paz.

Dice la carta textualmente: "es de anotar que mi prohijado en este momento está a la espera de lo que suceda con lo relativo a la Justicia Transicional, lo referente a los diálogos de paz en La Habana (Cuba), proyectos de ley donde está incurso el tipo penal por el cual está imputado, para realizar cualquier tipo de acuerdo".

De igual forma, González del Río rechazó la propuesta de la Fiscalía que le da como única rebaja posible de la pena el 50 por ciento frente a los 60 años de prisión a los que sería sentenciado por homicidio en persona protegida, teniendo como pena total 30 años de cárcel.

Para la defensa del oficial, lo justo sería una pena de hasta 15 años de cárcel, ante lo que consideran ha sido su "colaboración, señalamiento directo de responsables y el número de casos en los cuales participó o tuvo conocimiento de los mismos".

Finalmente, el abogado Castelblanco denunció que el coronel ha recibido "múltiples y serias amenazas" y por lo tanto pidió su traslado de los calabozos del búnker a la sala de paso del antiguo DAS en Paloquemao, con el fin de evitar que sea enviado a una guarnición militar, por las afirmaciones que ha hecho en contra de altos oficiales de la institución.

Dura respuesta de la Fiscalía

En una carta del pasado 5 de noviembre, el Misael Rodríguez, coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, dice que la idea del coronel González Del Río de esperar el eventual desarrollo legal de la justicia transicional para miembros de la Fuerza Pública, "pertenece a su fuero interno y no puede hacer parte de la negociación jurídico punitiva que se pretende realizar en este momento con la Fiscalía General de la Nación".

De igual manera,  Rodríguez le recuerda al oficial que el delito de homicidio en persona protegida, por el que está siendo investigado, es una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y por tanto no puede aplicarse un principio de oportunidad, como él lo ha solicitado.

La carta termina con una bomba: a pesar de las delicadas afirmaciones en algunos medios de comunicación por parte del coronel González del Río contra varios generales y otros oficiales presuntamente implicados en "falsos positivos", su colaboración con la justicia no ha sido satisfactoria, porque no ha entregado documentos, testimonios, pruebas, ni declaraciones oficiales dentro de las investigaciones.

Investigaciones por 'falsos positivos'

Actualmente más de 60 fiscales y 150 investigadores del CTI llevan a cabo las investigaciones de manera prioritaria, teniendo en cuenta cifras muy elevadas de integrantes de la fuerza pública implicados en homicidios de este tipo.

Según la Fiscalía, actualmente hay 4.919 integrantes y exintegrantes del Ejército vinculados a investigaciones por "falsos positivos", teniendo según las estadísticas como pico de ocurrencia de los delitos, el periodo comprendido entre 2002 y 2008 en Antioquia, Casanare y Guajira.

Los investigadores tienen en sus despachos 2.255 casos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron en total 4.382 personas asesinadas por agentes del Estado, la mayoría de ellos pertenecientes al Ejército Nacional.

La Unidad de Derechos Humanos ha pedido a la Unidad Delegada ante la Corte Suprema que decida si hay méritos para investigar a cuatro generales por estos delitos, a la vez que ha logrado la condena de cuatro coroneles y las investigaciones contra otros 33 integrantes del Ejército del mismo rango.