General de la República, Edgardo Maya Villazón, pidió a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura informar a su despacho directamente si se cancelaron o no en los meses de octubre y noviembre las nóminas correspondientes a los servicios efectivamente prestados por los funcionarios de la rama judicial en todo el país.
Maya Villazón recordó que “resulta improcedente reconocer y pagar salarios por servicios no prestados efectivamente a la entidad, pues ello implicaría permitir un enriquecimiento sin causa a favor del servidor, en detrimento del patrimonio público”, por lo que pagar salario a los funcionarios de la rama judicial que están en paro, iría en contra de la estabilidad de las finanzas de la nación.
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