Prohíben Uber en España por "competencia desleal"

Un juez de la capital española prohibió este martes el uso de la aplicación Uber como servicio de transporte público al sentenciar que “los conductores de Uber carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor que llevan a cabo”, por lo que calificó esta actividad como “competencia desleal” a instancias de una denuncia presentada por la Asociación Madrileña del Taxi.

El núcleo jurídico de la decisión es la ley de competencia desleal, que determina cuándo se infringen normas que son exigidas para actuar en un determinado mercado.

Esta medida cautelar fue tomada sin escuchar a la empresa Uber porque no tiene sede en España, además se ofició a las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico para que prohíban todo tipo de transacciones de Uber.

Un Juzgado Mercantil de Madrid ordenó hoy cautelarmente la cesación y prohibición en toda España del denominado sistema Uber, por el que conductores ofrecen en internet transporte a particulares.

Los conductores de este sistema carecen de autorización administrativa para el transporte de público y su actividad supone una competencia desleal, especialmente a los taxis, según el auto del juez de dicho tribunal, contra el que no cabe recurso.

El magistrado aceptó así la solicitud que le hizo la Asociación Madrileña del Taxi antes de interponer su demanda y prohibió que se oferten servicios de transporte online por parte de los trabajadores de la empresa, cuyo sistema pone en contacto online a usuarios y conductores de la compañía.

Asimismo, emplazó a las empresas de telecomunicaciones y a las de pago electrónico para que suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con Uber.

Según el juez, es aconsejable adoptar esta medida "con la mayor brevedad posible" ante la existencia indiciaria de "conductas ilícitas" en el servicio de transporte de viajeros en Madrid y en otros puntos de España, "con la afección directa al servicio público impropio del taxi".

Además, justificó que tomó esta decisión sin escuchar a la empresa por el "daño inmediato" que se está ocasionando a los taxistas y por el hecho de que está radicada en el refugio fiscal del estado de Delaware, en Estados Unidos, con lo que le achaca una "deliberada vocación de opacidad".

"La fluidez del mercado por internet, la velocidad de comunicación del sistema Uber, empresa participada por el buscador Google, la ubicación en el refugio fiscal, la propia dificultad de citación de la demandada" y la existencia de una actividad que "infringe las normas jurídicas de manera muy evidente en un sector regulado", requieren de esta protección cautelar, según el juez.

No se trata, según explicó, de una cuestión de "debate filosófico" sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino una protección cautelar basada en la legalidad vigente.

Y ello porque la ley de competencia desleal determina que cuando se infringen normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción es en sí misma una acción desleal.

En este sentido, el juez recordó que para la prestación del servicio con vehículo propio hay que ajustarse a la Ley de Ordenación de los Transportes, en cuyo artículo 42 se exige la necesidad de una autorización habilitante, bien por el Estado o por la comunidad autónoma, y que exige la obligatoriedad de tener licencia o autorización de transporte para contratar y facturar.

El juez precisó que la medida sólo será efectiva una vez la demandante preste una caución de 10.000 euros en el plazo de tres días, cifra "suficiente" en un primer momento "para responder de los daños y perjuicios que la medida cautelar pudiera ocasionar".

La resolución del Juzgado madrileño no es la primera que se dicta en Europa en contra de este sistema.

En agosto la Audiencia provincial de Fráncfort prohibió a Uber actuar en todo el territorio alemán, aunque poco después el mismo tribunal anuló esa decisión al descartar que existieran motivos para aplicar un procedimiento de urgencia.

Con EFE.