El Estado colombiano tendría que pagar más de 3 millones de dólares por los desaparecidos del Palacio de Justicia, un hecho ocurrido en 1985 durante un operativo para recuperar control de la edificación que había sido tomada por la guerrilla del M-19, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"La Corte consideró demostrado que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19", señaló el tribunal con sede en Costa Rica.
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"El Estado debe efectuar a la mayor brevedad una búsqueda rigurosa en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las 11 víctimas aún desaparecidas, a la mayor brevedad", precisa el fallo.
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La sentencia hizo un reconocimiento del hecho de que el Estado colombiano reconoció parcialmente su responsabilidad en los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en la sede judicial para recuperar su control.
La Corte IDH responsabilizó al Estado colombiano por la desaparición de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, la desaparición y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, la detención ilegal y tortura de cuatro sospechosos de colaborar con el M-19 y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos.
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Con AFP.
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