Fiscalía pretende cerrar caso estudiantes de Iguala sin llegar a verdad: padres

asesinados e incinerados como asegura la fiscalía mexicana, a la que acusan de pretender cerrar el caso por la cercanía de las elecciones.

"Repudiamos la forma en que el procurador (Jesús Murillo) pretende cerrar de manera descarada" la investigación de los hechos registrados el 26 de septiembre pasado en Iguala, "violentando" los acuerdos alcanzados con el presidente Enrique Peña Nieto, dijo el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz, en rueda de prensa.

"No vamos a permitir que cierren las investigaciones con la sola declaración de los asesinos", apuntó, y añadió que los padres van a mantener su lucha "hasta que se nos demuestre de manera científica" lo ocurrido.

Por su parte, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, mencionó varios argumentos por los que aún debe permanecer abierta la investigación del caso, que hasta ahora -dijo- "no es concluyente", y anunció que acudirán a instancias internacionales.

Dijo que el 2 y 3 de febrero viajará a Ginebra para denunciar al Gobierno ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en Ginebra, en el marco de la evaluación a México en la materia, y aseguró que en el caso ya se ve una "tendencia a la impunidad".

"México tiene responsabilidad internacional de cara a los derechos humanos y tendrá que ser revisado por organismos internacionales de derechos humanos", apuntó.

El letrado calificó, además, de "grave" que el fiscal presentara sus conclusiones sólo a "unos días" de la llegada de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que darán asistencia técnica en la investigación del caso.

La fiscalía debe llevar a cabo una investigación, amplia, exhaustiva y profunda para "conocer la verdad de los hechos", apuntó Rosales, quien atribuyó a motivos políticos "la prisa" para cerrar el caso con muchos puntos aún por esclarecer.

Entre los puntos débiles, señaló que los peritajes tenían que ser avalados por los peritos argentinos dado que la fiscalía cuenta con un "largo historial" de cambios "a modo" de las pruebas, así como las declaraciones de detenidos obtenidas "bajo coacción".

Los testimonios de integrantes de una organización criminal no pueden tener toda la contundencia "en términos probatorios", dijo Rosales, quien aludió a inconsistencias entre la versión de los policías, que aseguraron que los jóvenes habían sido asesinados y enterrados en fosas, y la de Guerreros Unidos.

Además, consideró "sumamente grave" que algunos de los 99 detenidos sean imputados por homicidio, ya que -salvo en el caso de uno de los jóvenes- no hay evidencia científica de que los 42 restantes fallecieron, y aseguró que la desaparición forzada es la "figura delictiva más idónea" por la que debieran ser procesados.

El representante legal de los padres destacó que hay líneas pendientes de investigación: el papel que jugó el Ejército y el entorno político que propició los ataques a los estudiantes perpetrados por policías a sueldo del crimen organizado, incluido el exgobernador Ángel Aguirre.

En nombre de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, David Flores, consideró que "hay un interés político grande, que son las elecciones, y quizá (las autoridades) tienen la esperanza de que aceptemos la supuesta realidad".

El 7 de junio se efectuarán comicios en que los mexicanos elegirán 500 diputados federales, los Gobiernos de nueve estados y 1.532 funcionarios locales. EFE