La directora del Instituto de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, aseguró que se conformará una sala de crisis para atender de forma inmediata cualquier tipo de abuso contra los menores.
"Vamos a convocar a una sala de crisis para atender de manera inmediata cada uno de los casos de los niños y niñas que estamos viendo y que nos están doliendo a todos los colombianos", manifestó.
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De forma radical la viceprocuradora Martha Castañeda anunció que por orden del procurador General de la Nación se priorizan a partir de este momento los casos que incluyan niños, y a partir del mes de marzo se exigirá rendición de cuentas por parte de alcaldes y gobernadores a nivel nacional.
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"La orden ha sido priorizar la intervención en todos los casos, en todas aquellas investigaciones en que figuren como víctimas niños, niñas y adolescentes. Exigimos una rendición de cuentas frente a las políticas de la infancia y la adolescencia por parte de los gobernadores y alcaldes que se llevará a cabo a partir del mes de marzo", dijo.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, sostuvo que su atención se concentrará en zonas como Risaralda y Quindío en donde se identificaron bandas dedicas al abuso de menores.
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"La Defensoría ha detectado en Risaralda y Buenaventura el secuestro de niñas en un tiempo determinado para entregarlas a grupos desmovilizados para la explotación sexual. Ya tenemos personas judicializadas y estamos trabajando", manifestó.
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El próximo mes la reunión interinstitucional se llevará a cabo en casa de Nariño liderada por el presidente Juan Manuel Santos.
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