La Corte Constitucional le dio un plazo de dos años a la Alcaldía de Bogotá con el fin que adelante las modificaciones necesarias en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) para que las personas en condición de discapacidad puedan acceder sin problema alguno al mismo.
El alto tribunal determinó que el plan de acción debe estar dirigido a atender las “necesidades reales de dicha población” para que permitan su fácil acceso a los buses que conforman su flota. En el fallo se indica que los 7.200 buses que integran actualmente el Sistema no cuentan con las adecuaciones necesarias exigidas.
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Ante esto se considera se están vulnerando los derechos a la igualdad y a la libre locomoción de esta población. La sentencia se da tras estudiar el caso de una mujer que se encuentra en silla de ruedas y quien argumentó no puede acceder de manera fácil y efectiva a los buses del SITP.
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