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Red cobraba $20 millones por trámite para obtener pensiones ilegales: Ejército

A través de un comunicado, el Ejército reveló que luego de recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en la obtención de conceptos médicos...

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A través de un comunicado, el Ejército reveló que luego de recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en la obtención de conceptos médicos y juntas médicas en el servicio de salud para los miembros del Ejército Nacional, en 2013 esta Fuerza, con el apoyo de la Dijín y la Fiscalía General de la Nación, desarrolló una operación  denominada ‘Honor’, que arrojó la neutralización de dos redes que cobraban, ilegalmente, pensiones de invalidez a las que no se tenía derecho por parte de algunos miembros del Ejército Nacional. (Vea también: Órdenes de captura contra miembros de FF.MM por desfalco al sistema de salud)

 

“Esta conducta ilícita lesionaba los recursos de Sanidad del Ejército, desmejorando el servicio del sistema de salud”, dice la misiva.

 

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De acuerdo al comunicado, las redes traficaban conceptos médicos falsos que permitían la realización de juntas médicas laborales, a través de las cuales se lograba el reconocimiento e incremento de pensiones por invalidez e indemnizaciones fraudulentas. Esto generaba grandes sumas de dinero para intereses particulares, afectándose de esta forma el bienestar de los miembros de la Institución.

 

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La red, dice la comunicación, estaba conformada aproximadamente 35 personas, entre los cuales se encuentran 17 militares activos, 15 militares en uso de retiro, 2 especialistas externos y un civil al servicio de la Fuerza, quienes serán requeridos por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad ideológica, prevaricato por acción y omisión, y peculado.

 

Además, revela que cobraban 20 millones de pesos por cada trámite para la obtención de certificados de altos índices  de discapacidad, que permitieran mayor reconocimiento de indemnizaciones, y 40 millones de pesos por obtener altas pensiones. Adicionalmente violaban otras normas y hacían intercambios irregulares de dinero.

 

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Por estos hechos, la Dijín, la Fiscalía y el Ejército Nacional, iniciaron la investigación y el proceso de judicialización que avanza con la captura de 35 personas en Bogotá, San Vicente del Caguán, Puerto Berrio, Neiva, Ibagué, Yopal y Medellín.

 

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“El Comando del Ejército condena estos hechos y reitera que no tolerará ningún caso de corrupción donde se encuentre vinculado alguno de sus integrantes; así mismo, insiste en tomar medidas anticorrupción y aplicar reformas profundas al sistema de salud, con el propósito de garantizar el acceso real a la provisión de servicios oportunos y de buena calidad para todos los usuarios de la Sanidad Militar y satisfacer las necesidades de nuestros beneficiarios”, dice el comunicado.

 

Este es el comunicado emitido por el Ejército Nacional:

 

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Luego de recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en la obtención de conceptos médicos y juntas médicas en el servicio de salud para los miembros del Ejército Nacional, en 2013 esta Fuerza, con el apoyo de la Dijín y la Fiscalía General de la Nación, desarrolló una operación  denominada ‘Honor’, que arrojó la neutralización de dos redes que cobraban, ilegalmente, pensiones de invalidez a las que no se tenía derecho por parte de algunos miembros del Ejército Nacional. Esta conducta ilícita lesionaba los recursos de Sanidad del Ejército, desmejorando el servicio del sistema de salud.

 

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La investigación estableció que:

 

1.    Las redes traficaban conceptos médicos falsos que permitían la realización de juntas médicas laborales, a través de las cuales se lograba el reconocimiento e incremento de pensiones por invalidez e indemnizaciones fraudulentas. Esto generaba grandes sumas de dinero para intereses particulares, afectándose de esta forma el bienestar de los miembros de la Institución.

 

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2.    El Ejército Nacional logró desarticular esta red conformada por aproximadamente 35 personas, entre los cuales se encuentran 17 militares activos, 15 militares en uso de retiro y dos especialistas externos y un civil al servicio de la Fuerza, quienes serán requeridos por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad ideológica, prevaricato por acción y omisión, y peculado.

 

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3.    Las redes cobraban 20 millones de pesos por cada trámite para la obtención de certificados de altos índices de discapacidad, que permitieran mayor reconocimiento de indemnizaciones, y 40 millones de pesos por obtener altas pensiones. Adicionalmente violaban otras normas y hacían intercambios irregulares de dinero.

 

4.    Junto con la Dijín y la Fiscalía, el Ejército Nacional inició la investigación y el proceso de judicialización que avanza con la captura de 35 personas en Bogotá, San Vicente del Caguán, Puerto Berrio, Neiva, Ibagué, Yopal y Medellín.

 

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5.    El Comando del Ejército condena estos hechos y reitera que no tolerará ningún caso de corrupción donde se encuentre vinculado alguno de sus integrantes; así mismo, insiste en tomar medidas anticorrupción y aplicar reformas profundas al sistema de salud, con el propósito de garantizar el acceso real a la provisión de servicios oportunos y de buena calidad para todos los usuarios de la Sanidad Militar y satisfacer las necesidades de nuestros beneficiarios.

 

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6.    Una vez conocido el hecho se han tomado una serie de medidas entre las que se cuentan:

 

•         Mayores controles a los conceptos médicos.

 

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•         Se incrementarán las auditorias en todos los centros de salud militar.

 

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•         La capacitación de los jefes de dispensario y personal de control interno.

 

•         Reducción del déficit fiscal, mediante la implementación de medidas de controles en todos los niveles para un mejor servicio.

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