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Suspensión de uso de glifosato coincide con exigencias de Farc: procurador

El procurador Alejandro Ordóñez dijo en Mañanas BLU que, con base en las estadísticas, el Gobierno sí ha reducido la aspersión de cultivos ilícitos...

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El procurador Alejandro Ordóñez dijo en Mañanas BLU que, con base en las estadísticas, el Gobierno sí ha reducido la aspersión de cultivos ilícitos en Colombia y que lo mismo ha sucedido con la erradicación manual y aseguró que la solicitud de suspender uso de glifosato coincide con las exigencias de Farc en La Habana
 
En ese sentido, el jefe del Ministerio Público reiteró que eso da unas importantes ventajas al narcotráfico, tal como lo afirmó en una carta enviada al ministro de Justicia, Yesid Reyes. (Lea también: No se puede concluir que se bajó la guardia en lucha antidroga: Guillermo Rivera)
 
Además, Ordóñez aseguró que los argumentos del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, “no son científicos, sino políticos”.
 
“Es coincidente con las exigencias que las Farc han venido haciendo en ese sentido. Los argumentos no son científicos, son de naturaleza política. El ministro no puede pretender desmontar una política pública con conclusiones no definitivas”, dijo.
 
Agregó que la suspensión de fumigación con glifosato hace parte de la política de desescalamiento del conflicto que se ha acordado con las Farc: “Esa ha sido la petición permanente de las Farc, que es extrañamente coincidente”. (Lea también: Dar facultades especiales a Santos sería desconocer la Constitución: procurador)
 
Ordóñez aseguró que convocó al Consejo Nacional de Estupefacientes para evaluar las implicaciones que tendría el desmonte de esta política de aspersión de cultivos ilícitos. 
 
En la misiva enviada a MinJusticia, el jefe del Ministerio Público advierte que suspender las fumigaciones ante una recomendación que “carece de base científica” del Ministerio de Salud, significaría la creación de santuarios para grupos narcotraficantes como las Farc y poner en permanente e injustificado riesgo a los miembros de la fuerza pública que asumirían la erradicación manual como única estrategia institucionalizada.

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