Polémico magistrado Alberto Rojas regresa a la Corte Constitucional

El Consejo de Estado ordenó reintegrar en su cargo al abogado Alberto Rojas Ríos como magistrado de la Corte Constitucional. En la sala celebrada este lunes la Sala tumbó la ponencia que estaba dirigida a negar las pretensiones de la acción judicial presentada por el extogado.

En la discusión se consideró que se había vulnerado los derechos fundamentales a Rojas Ríos cuando la Sala Plena del Consejo de Estado anuló su elección a la terna ante el Senado de la República por lo que se consideraron vicios de escogencia.

El alto tribunal consideró que se presentaron graves irregularidades en la conformación de la terna de la cual fue elegido Rojas Ríos. Igualmente se consideraba que no cumplía con todos los requisitos exigidos para su postulación.

Recordemos que en 2013 Alberto Rojas fue acusado de cobrar una indemnización que pertenecía a una viuda. Isabel Cristina Marín afirmó Rojas Ríos recibió $116 millones por la indemnización de la muerte de su esposo y no se la entregó. El esposo de Marín murió en 1991 en Funza y su familia emprendió una causa contra ese municipio que luego de un litigio de cuatro años ganó en el Consejo de Estado y logró una indemnización que al parecer nunca entregó.

Además, Rojas Ríos fue el encargado de seleccionar la tutela de Fidupetrol cuando hacia parte del alto tribunal. En su momento, en calidad de testigo, le dijo al representante investigador que nunca escuchó o tuvo conocimiento de que estuvieran pidiendo 500 millones de pesos para cambiar el sentido del fallo.

Tiempo después, Rojas reconoció que se reunió con el abogado Víctor Pacheco, persona que denunció que el magistrado Jorge Pretelt le solicitó dinero para favorecerlo en la decisión de la tutela de Fidupetrol, pero que “nunca con el doctor Víctor Pacheco en temas relacionados con Fidupetrol”.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación, Rojas reconoció que se reunió con Víctor Pacheco en el despacho en el que los servidores públicos atienden “eventualmente personas que soliciten entrevistas con los funcionarios, obviamente (…) no se puede jamás aceptar en los despachos a personas que tenga alguna relación con asuntos que se estén tramitando”.