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¿Afecta a su bolsillo retraso de desembolso de recursos para obras de 4G?

En diálogo con Blu Radio, Javier Rincón, PhD de la Universidad de Poitiers, analizó las implicaciones legales de la denuncia del vicepresidente Germán...

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En diálogo con Blu Radio, Javier Rincón, PhD de la Universidad de Poitiers, analizó las implicaciones legales de la denuncia del vicepresidente Germán Vargas Lleras contra el ministerio de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por el no giro de recursos para la tercera ola de obras de 4G (Lea también: Vicepresidente reclama a MinHacienda por giro de recursos para obras 4G).

 

“A Norte de Santander lo dejaron en la última ola y ya no puede esperar más tiempo. De manera que pena tener que venir hoy pero yo tengo cara para seguirles diciendo que estos proyectos se han retrasado”, dijo Vargas (Lea también: "Entiendo la frustración": Cárdenas a Vargas Lleras por desembolso de recursos).

 

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Según el experto, los efectos jurídicos de esta denuncia “son una serie de perjuicios para los contratistas, si estos ya se encuentran en ejecución, con la consecuente responsabilidad del Estado en el pago de las indemnizaciones contractuales por cuanto la irregularidad no es imputable al contratista”.

 

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“En segundo lugar, encontramos que aquellos proyectos que aún no han iniciado pero están a punto de iniciar se van a atrasar, atrasos que serán imputables a la administración pública con la consecuente pérdida de recursos que ellos implica”, añadió.

 

Por otro lado, en aquellos que aún se encuentran tan solo en etapa de planeación, “se atrasarán esos proyectos y por ende no se van a poder iniciar los procesos de selección correspondiente, una vez más, con la consecuente responsabilidad por parte del Estado de la no ejecución de estas obras”.

 

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De esta forma, el hecho de no desembolsar los recursos a tiempo para que se adelanten estas obras conllevará consecuencias legales para el país, pues “esto generaría incumplimientos de tipo contractual por ser responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional, por lo que deben ser asumidos por la administración pública y deberemos pagarle, muy seguramente, grandes sumas de dinero a los contratistas, lo que evidentemente saldrá de nuestros propios impuestos”.

 

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“Lo más grave de todo esto es que derivado de esta rencilla que se pueda generar entre funcionarios del alto gobierno, se puede estar incurriendo en incumplimientos de tipo contractual que van a generar demandas y en consecuencia unos pagos para el Estado de sumas altas de dinero, que terminarán redundando en el bolsillo de todos los colombianos”, finalizó.

 

Escuche el programa completo de BLU Al Derecho en este audio.

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