El Tribunal Superior de Bogotá dio un plazo perentorio de 48 horas -que se vence mañana- al Gobierno Nacional para que declare el estado de emergencia económica y social en La Guajira, debido a la grave crisis que atraviesa nuestra Península.
El Tribunal respondió de esta forma a una tutela interpuesta por una habitante del departamento, quien consideró que el Gobierno no está cumpliendo a cabalidad sus funciones, entre ellas la de garantizar la integridad y la vida de todos los guajiros.
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Llama la atención que ante la grave situación que atraviesa La Guajira, en todo sentido, el Gobierno no haya declarado mucho antes el estado de emergencia económica y social. No se requería de un fallo de un alto tribunal de justicia para que el Ejecutivo interviniera con medidas extraordinarias al departamento, cuya crisis hace mucho tiempo tocó fondo.
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Ni siquiera la muerte constante de cientos de niños guajiros por cuenta de su estado de desnutrición ha obligado al Gobierno a actuar con prontitud y eficiencia en La Guajira para poner fin a esta tragedia humanitaria.
La indolencia y el desinterés que muestra el Gobierno con La Guajira -tanto que debió surgir una decisión judicial para obligarlo a buscar salidas a la crisis- no se compadece con el drama que viven miles de familias guajiras, víctimas todas ellas de una clase dirigente que ha sido inferior al reto que se les asignó de contribuir a la superación de la debacle del departamento.
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La Guajira vive la peor crisis en toda su historia, mientras alcaldes de distintos municipios y el Gobernador son encarcelados, señalados de actos de corrupción.
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La emergencia económica y social le permitirá al presidente, Juan Manuel Santos, tomar decisiones con prontitud para hacerle frente al la grave situación. La Guajira requiere con urgencia de la intervención del Gobierno para superar el difícil momento. No hay tiempo que perder si de verdad se trata de llevar a la Península a buen puerto.
Hacer anuncios que no se cumplen, o esperar fallos judiciales para actuar, es una forma cínica de evadir las responsabilidades que debe cumplir el Gobierno Nacional.
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