La bomba de Odebrecht: editorial de Óscar Montes

La declaración del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en el sentido de que un millón de dólares provenientes de la multinacional Odebrecht entró a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en 2014, estremeció los cimientos del país y alteró el clima político y judicial de cara a las elecciones de 2018.   De acuerdo con la Fiscalía General, los dineros de Odebrecht fueron recibidos por el ex senador Otto Bula -quien está detenido, aceptó cargos y está negociando beneficios judiciales a cambio de información- persona que se habría encargado de ingresarlos a la campaña de Santos a través del gerente de la misma, Roberto Prieto.   El entonces gerente de la campaña reeleccionista salió de inmediato a desmentir la afirmación y sostuvo que no conoce a Bula y que ni siquiera se ha tomado un café con él. Con la misma contundencia salió a desmentir dicha versión el Secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, quien afirmó que todo se trata de una campaña difamatoria del "uribismo".   La Fiscalía General pidió al Consejo Nacional Electoral -organismo encargado de investigar una presunta violación de los topes autorizados para la campaña santista- que indague si -en efecto- se violaron las normas establecidas en cuanto a la financiación de las campañas electorales. La Fiscalía -por su parte- continuará con la investigación para determinar si hubo o no el pago de un soborno por parte de Odebrecht para resultar favorecida con la llamada "contratación estatal".   La Fiscalía General tiene, pues, la obligación de llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias y determinar responsabilidades con absoluta precisión y contundencia. El asunto que ha sido develado por el fiscal Martínez Neira es gravísimo y no admite ningún tipo de dilación. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, ha sido contundente al afirmar que las investigaciones deben seguir hasta el final "caiga quien caiga".   El Tsunami de Odebrecht llegó con toda su contundencia a Colombia, que se convierte así en el país número 23 donde sus tentáculos habrían infestado buena parte de la administración pública, mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos. La profundidad y la gravedad de los hechos serán determinadas por las investigaciones. Quedamos a la espera del desarrollo de las mismas.