Un año después de que el Gobierno anunciara medidas de reparación para las víctimas de los aberrantes abusos de paramilitares y esclavitud sexual en el corregimiento Riachuelo, del municipio de Charalá, Santander, los afectados reclaman más celeridad en el proceso de resarcimiento.
Macario Melgarejo, miembro del comité de Impulso a la reparación colectiva afirma que aunque las autoridades regionales han estado en permanente comunicación “aún falta mucho, la comunidad está bastante lastimada, se está trabajando por recuperar el tejido social".
La directora de la Oficina de Atención a Víctimas de la Gobernación de Santander, Juanita Ibañez, reconoce que la administración departamental ha tenido algunos inconvenientes en poner en marcha los mecanismos de reparación, pero que el proceso avanza.
"El proceso ha sido largo por cuestiones de contratación, todas estas acciones están dentro de las iniciativas del gobernador de lograr dignificar a todas las víctimas del conflicto que se estén en Santander. Por eso, dentro de tres semanas estaremos en Riachuelo, dando inicio a las capacitaciones y a verificar en el terreno, el avance de los compromisos"
En los próximos días se realizará un taller de liderazgo y fortalecimiento asociativo para la reconstrucción del tejido social en el corregimiento.
Mientras las víctimas del Riachuelo esperan la reparación, la Fiscalía avanza en la judicialización de la rectora del colegio del corregimiento, Lucila Gutiérrez, quien se encuentra en la cárcel y es señalada de haber permitido los abusos sexuales a sus estudiantes por parte de los jefes paramilitares.
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