Según varios opositores, el acuerdo jurídico no estaría acorde con la Constitución y trasgrediendo el ordenamiento jurídico.
El abogado Rincón explicó que la controversia consiste en que “en este momento estarían enfrentadas tres posiciones: los que defienden un carácter democrático, unos que buscan propender por el blindaje jurídico y otros que defienden lo que se conoce como Estado de derecho”.
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“Quienes vemos los alcances y riesgos de esa propuesta que hace el Gobierno cuestionamos el carácter democrático de las medidas y los efectos que estas medidas van a tener hacia el futuro”, explicó el jurista.
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Resumió que lo que propone el Gobierno nacional es una propuesta conjunta con las Farc, que consiste en tramitar dentro del procedimiento de Acto Legislativo un nuevo artículo para que el acuerdo final tenga el carácter de acuerdo especial, además de que ese acuerdo haga parte del bloque de constitucionalidad.
“Eso afecta porque al entrar ese acuerdo en el bloque de constitucionalidad se convierte en referente para que la propia Corte haga el control de constitucionalidad de las normas (…) esas normas que se van a expedir afectan directamente la estructura del Estado colombiano y la propia Constitución”, advirtió.
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El experto en derecho constitucional resumió diciendo que se crean la jurisdicción agraria y la especial de paz, lo que implica un nuevo trámite legislativo inclusive para leyes estatutarias.
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“Estaríamos dando de facto funciones constituyentes tanto al presidente Santos como a la guerrilla de las Farc”, finalizó.