Actualmente los estudiantes universitarios que terminan su proceso académico y cumplen los requisitos para graduarse, deben pagar a los centros educativos sumas que van desde un mínimo de 49.000 hasta más de $600.000, así lo puso en evidencia la senadora Nadia Blel (Partido Conservador) quien radicó un proyecto de ley que busca regular estos cobros.
El objetivo principal de esta iniciativa es limitar el costo académico del derecho de grado a la producción física del diploma y, en el caso de la educación superior, se “prohíbe negar o postergar la graduación de quien haya cumplido todos los requisitos académicos y sólo tenga a su cargo obligaciones pecuniarias para con el centro de estudios superiores estatales u oficiales.
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El articulado establece que “el Derecho de Grado, es un derecho inherente al logro académico alcanzado derivado de la culminación del ciclo de formación y su valor no podrá superar el costo real de la producción física del diploma con las medidas de seguridad y protección debidas”.
A juicio de la congresista, esta sería una “forma de mermar las vulneraciones por la ausencia de entrega de certificados y/o títulos dado que se encuentran supeditados a los altos costo y el cobro de emolumentos distintos a la recuperación de la elaboración de los diplomas y garantizar el derecho a “título de grado”.
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