En este caso, un año después de haber estallado el escándalo, apenas ayer se cumplió con el trámite de sustentación de la acusación en contra del expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, por haber presuntamente pedido 480 millones de pesos para torcer una tutela a favor de la firma Fidupetrol, que le permitiría a la firma ahorrarse una condena al pago de más de 20 mil millones de pesos. (Lea también:Niegan recusación interpuesta por el magistrado Pretelt en caso Fidupetol)
El caso de Pretelt ha sacudido los cimientos de la institucionalidad y a pesar de ello, y debido al defectuoso diseño del mecanismo de investigación y juzgamiento a los funcionarios aforados, únicamente han pagado por ahora las consecuencias penales, quienes deben responder ante la justicia ordinaria, es decir, ante la Fiscalía.
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El abogado Víctor Pacheco aceptó cargos por varios delitos, no podrá volver a ejercer su carrera; el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil está en la mira de la fiscalía así como el expresidente de Fidupetrol, Helbert Otero.
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Este martes de manera inusual, la plenaria del Senado escuchó al representante investigador Julián Bedoya, quien dijo que no hay duda de que el magistrado Jorge Pretelt pidió dinero para favorecer los intereses de Fidupetrol y por eso debe ser condenado por concusión.
A la salida de la diligencia, el fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo sostuvo que la concusión, es decir, solamente el haber pedido dinero para torcer un fallo judicial, es un delito grave, que debe ser sancionado. (Lea también: Ni José Obdulio ni Paloma se dejarán presionar en caso Pretelt: Alfredo Ramos)
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La defensa del magistrado Jorge Pretelt en cabeza de Abelardo de La Espriella dijo que la sustentación de la acusación por parte de Julián Bedoya había sido vergonzosa y que no entregó evidencia alguna de los delitos que se le endilgan.
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Ahora la comisión instructora, de mayorías conservadoras y uribistas, decidirá si acusa formalmente a Pretelt ante la Corte Suprema, lo que automáticamente le representaría su suspensión y estaría ad portas de una condena.
Más allá del trámite, lento y dilatado, vale la pena preguntarse cuál es el cambio de fondo que debe tener el esquema institucional del país para evitar la vergüenza de un caso como el de Jorge Pretelt, quien a pesar de las evidencias que hay en su contra, incluyendo testigos directos, sigue tan campante teniendo en sus manos algunas de las decisiones más importantes en materia judicial, que pueden cambiar la vida de millones de colombianos.
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