En medio de la polémica que ha generado el decreto del Gobierno que abriría la puerta para que buena parte de los bienes de las Farc sean usados para su partido político y sus desmovilizados, la Corte Constitucional inició su estudio para determinar si va de acuerdo con el Acto Legislativo para la Paz.
El estudio quedó a cargo del magistrado Alejandro Linares, quien le planteó 19 preguntas al Gobierno sobre la expedición de dicho decreto. Entre ellas se destacan:
- ¿Cuál es el mecanismo jurídico mediante el cual los bienes incluidos en los inventarios serán aportados al fondo de víctimas?
- ¿Cómo se verificará la titularidad y procedencia de los bienes que se incluirán en dicho inventarios?
- ¿La exclusión de la acción penal respecto de dichos bienes concierne también a la extinción de dominio?
- ¿Cuál es el trámite a seguir sí las Farc no declaran la totalidad de sus bienes?
- ¿Existen mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas de despojo de bienes por parte de las Farc cuyos bienes sean incluidos en los inventarios?
- ¿Cuál es el criterio jurídico para determinar el reparto y la priorización en el destino de recursos para la reparación a las víctimas?
Las otras hacen referencia a los términos que ya se fijaron para la entrega de este inventario por parte de las Farc al Gobierno.
En el desarrollo se solita al fiscal general Néstor Humberto Martínez que amplíe la información sobre las presuntas inconsistencias del decreto. Asimismo, se solita un concepto al procurador Fernando Carrillo.
Por último, serán citados organizaciones sociales, de víctimas y universidades para que presenten sus conceptos frente a las dudas planteadas por el alto tribunal para definir la constitucionalidad del decreto.
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