Amnistía Internacional advirtió que si bien la firma de la paz con las Farc ha reducido el impacto del conflicto entre la población civil, en Colombia persisten los abusos, hay una alarmante presencia de paramilitares y crecen los asesinatos de defensores de los derechos humanos y ambientales.
En su informe anual, publicado en París. La AI recuerda que las bandas herederas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) "socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción de paz, incluyendo la restitución de tierras".
"La desarticulación de grupos que mantienen control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas constituye un desafío permanente para la paz", agrega la ONG, al hacer suyas las palabras del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Aunque se aprecia una "notable reducción del impacto del conflicto sobre la población civil", Amnistía expresa su preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos y a quienes defienden los derechos ambientales relacionados con la explotación de los recursos.
La Amnistía Internacional recuerda que en 2016 se produjeron 75 "asesinatos selectivos" de defensores frente a 63 en el año anterior, así como un "gran número de amenazas" atribuidas a paramilitares.
Solo la ONG Escuela Nacional Sindical registró en 2016 un total de 17 homicidios entre sus integrantes, la mayoría a tiros.
Amnistía denuncia que "las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, particularmente las que habitan en zonas de interés para los sectores agroindustrial, minero y de infraestructuras, continúan haciendo frente a abusos y violaciones".
Cita algunos ejemplos, entre ellos las "más de 6.000 personas desplazadas a la fuerza en el departamento del Chocó a causa de enfrentamientos entre grupos armados".
En ese sentido, llama la atención sobre la denuncia de varias ONG relativa a la incursión "de un grupo armado conformado por unos 150 paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la comunidad afrodescendiente de Teguerré", en el Chocó, el aislado y selvático departamento fronterizo con Panamá, y uno de los más conflictivos.
Asimismo, el informe habla de "denuncias de homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad" y cita casos como el del campesino Gilberto de Jesús Quintero, oriundo de El Tesorito, en Antioquia, a quien -tras ser asesinado- se le hizo pasar, en un primer momento, como un guerrillero del ELN muerto en combate.
"Varios testigos sostienen haber visto a los soldados intentar vestir el cadáver con uniforme militar de combate", informa AI, al recordar que la Fiscalía investigaba, hasta junio del año pasado, 4.190 ejecuciones extrajudiciales, mientras que a finales de 2015 un total de 7.773 miembros de la fuerza pública estaban bajo la lupa por los también llamados "falsos positivos".
Las guerrillas también cometieron abusos, especialmente el ELN, entre los que destaca el secuestro de varios periodistas, mientras que "los casos atribuibles a las Farc disminuyeron con el avance del proceso de paz", argumenta Amnistía.
AI expresa, en resumen, su preocupación por prácticas abusivas en Colombia, advierte sobre "connivencia entre algunos de estos grupos y agentes estatales", y resalta el acuerdo de paz alcanzado con las Farc, motivo por el que considera debe mantenerse la vigilancia.
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