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Senado aprueba en último debate la Jurisdicción Especial de Paz

De los 21 senadores del Partido de La U, 12 congresistas estuvieron en la Plenaria y todos avalaron la Jurisdicción Especial para la Paz.

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BLU Radio. Congreso de la República - Foto: BLU Radio

El debate inició a las 3:30 de la tarde. Se trataba del tercer intento por darle vía libre en su trámite legislativo, luego de que más de 20 impedimentos y una discusión acalorada, propia de esta clase de temas, generara el aplazamiento de la votación en dos oportunidades.

 

El ambiente se volvió tan tenso e inmanejable para el Gobierno, que el presidente no hizo uno, sino varios llamados al Congreso para que aprobara la que ha sido considerada el corazón y la columna vertebral del proceso de paz.

 

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El llamado más enérgico lo hizo a Cambio Radical, partido del saliente vicepresidente, Germán Vargas Lleras. De los mueve senadores con los que cuenta, seis estuvieron presentes en la votación y todos dieron voto positivo.

 

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De los 21 senadores del Partido de La U, el partido del presidente, 12 congresistas estuvieron en la Plenaria y todos avalaron la JEP.

 

Esta vez hubo un poco más de orden. No se dio una asistencia masiva al inicio del debate, pero se logró el quórum necesario tanto para deliberar como para decidir. Siete horas después del inicio de la Plenaria no se había votado un solo artículo. Los distintos voceros de los partidos políticos intervinieron logrando reiterar sus preocupaciones.

 

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Algunas de las más importantes fueron puestas sobre la mesa por Cambio Radical y estuvieron relacionadas con la escogencia de Magistrados.

 

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Germán Varón, senador de esta colectividad, indicó que es un tema que genera preocupación. "Pero es que la postulación y la elección entre cinco personas, sin ninguna regla, es lo que a mí me parece que no consulta ni el espíritu de la Constitución, que siempre ha establecido concursos", dijo.

 

Uno de los momentos más destacados tuvo que ver con la intervención del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien explicó que de todos los reparos que manifestó al proyecto, el 95 por ciento fue escuchado, pero que el otro cinco por ciento sigue siendo una preocupación.

 

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"No podríamos permitir beneficio alguno en esta materia cuando se trata de un elemento estructural al proceso de paz... No vamos a poder hacer tránsito a la paz, en medio del creciente narcotráfico", dijo.

 

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"Una vez instalada la JEP la Fiscalía debe entregar el informe de conductas de agentes del Estado. Resultaría caótico que ese no sea el entendido y yo si le pediría que aquí se diga si esos delitos en los que pudieron haber incurrido agentes del Estado son o no competencia de la JEP", dijo.

 

"La Fiscalía ha adelantado la incautación de toda clase de activos Ilicitos que ya ascienden a la suma de 1.2 billones de pesos. En lo corrido del año, la Fiscalía ha incautado activos de las Farc del orden de 250.000 millones de pesos, y continúan los operativos a través de la Unidad de Extinción de Dominio", precisó Martínez.

 

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Esta jurisdicción es de competencia temporal y permitirá investigar, esclarecer, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contexto y a razón del conflicto armado.

 

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El Gobierno explicó que "durante el último debate, se aprobó una proposición que deja en la Jurisdicción Especial para la Paz la competencia sobre casos de miembros de las Farc-EP que hayan sido condenados, procesados o investigados antes del primero de diciembre de 2016 aunque no estén en lista de ese grupo".

 

Otra de las proposiciones aprobadas hace referencia a que “el tratamiento especial de justicia se aplicará también a conductas que determinará la ley en su momento, estrechamente vinculadas al proceso de la dejación de armas desarrolladas desde el primero de diciembre de 2016 hasta el momento en que finalice el proceso de extracción de las armas por parte de las Naciones Unidas conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Final".

 

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Sobre las preocupaciones de la Fiscalía

 

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El Congreso determinó, como lo planteó el fiscal, que será la ley la que reglamentará el tratamiento penal diferenciado en lo relativo a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y la que determinará, conforme a lo establecido en el Acuerdo final, en qué casos y bajo qué circunstancias la jurisdicción ordinaria investigará el juzgamiento de los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones cometidos por las personas investigadas por la jurisdicción especial.

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