La Contraloría detectó graves incumplimientos en la implementación de la asistencia y reparación integral a las víctimas, así como en lo relacionado a la restitución de tierras, según el informe de monitoreo entregado por las Comisiones de Seguimiento a la Ley.
A pesar de los avances registrados, a escasos 4 años de terminar la vigencia de la Ley, la contraloría concluyó que persisten incumplimientos tales como falta de un plan financiero específico (CONPES) para la población afectada.
La restitución de derechos territoriales correspondió escasamente al 4 % del presupuesto de inversión apropiado por la Unidad de Restitución de Tierras para la vigencia fiscal de 2016.
Las dificultades presupuestales y de articulación y coordinación impiden avanzar en resultados. A la fecha ninguno de los 522 procesos de reparación colectiva incluidos en el registro ha culminado.
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En materia de reparación individual los informes resaltan el escaso avance en la indemnización administrativa de las víctimas, aún falta el 93% de la población víctima por acceder a esta medida.
La contraloría hizo un llamado tanto a avanzar en la implementación como a ser más críticos en los informes de monitoreo que no son lo suficientemente contundentes.
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