El director de la Policía, el general William Salamanca dio a conocer que revisará las razones por las que el exmilitar Juan Carlos Rodríguez Agudelo alias ‘Zeus’, aún se encontraba en la estación de Policía de Cúcuta y no había sido trasladado a Bogotá, luego de que el General lo dispusiera por el perfil de este individuo.“Revistar también porque este sujeto no había sido trasladado a Bogotá, efectivamente fui enterado que el comandante de Policía solicitó el traslado y yo lo había dispuesto”, aseguró el general, quien espera llegar a Bogotá para que el inspector general le dé cuentas del informe.Alias ‘Zeus’ se fugó en compañía de 16 personas más de una estación de Policía en Cúcuta, en donde se encontraba detenido en un calabozo con 49 personas más.“Investigar disciplinar y penalmente si hubo fallas, si hubo compromiso con la corrupción”, aseguró el general, dando a conocer que el subdirector de la Dijií y el subdirector de la Dipol, en conjunto con el general Roa comándate de la región se encargarán de iniciar esta investigación.De igual forma, la Policía Nacional, aumentó la cifra de recompensa a $50 millones de pesos, para quienes den información que ayude a dar con el paradero de este delincuente.Es de recordar que alias ‘Zeus’ tiene registros de ingreso a la cárcel desde 2005 hasta el 2021, por tortura, desaparición forzada y homicidio, además sería parte de los responsables que protagonizaron una sangrienta guerra contra Los Rastrojos, la banda de sicarios del asesinado narcotraficante Wílber Alirio Varela, alias ‘Jabón’ o ‘El Negro’.
Los 18 concejales de Floridablanca que en 2016 eligieron irregularmente a Robiel Barbosa como personero fueron llamados a juicio por el delito de prevaricato por acción. Entre los que deben responder ante la justicia por este caso se encuentra el actual alcalde José Fernando Sánchez.El Juzgado 13 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga programó para el 25 de abril de 2024, la audiencia preparatoria del juicio oral, contra José Fernando Sánchez y otros 17 concejales de Floridablanca, investigados por la Fiscalía desde el 2017 cuando fue radicada al denuncia penal.Pas otras tres fechas del juicio programadas por el juez son el 30 de abril, 16 de mayo y 13 de junio, de 2024.Los concejales acusados por la Fiscalía podrían ser condenados como autores del delito de prevaricato por acción que habrían cometido al elegir irregularmente a Robiel Barbosa como personero, por encima del abogado Luis José Escamilla, quien sacó el mejor puntaje en la prueba académica, todo al parecer en un acuerdo entre ellos para calificar de manera irregular al que ocupo el 1° puesto y bajarlo al 3° puesto y subir del 3° al 1° a Robiel Barbosa, a quien el Consejo de Estado también le declaro nula su elección por las irregularidades halladas en el proceso.“De igual manera se observa que estos servidores públicos (concejales de Floridablanca) hicieron prevalecer su capricho fuera de la voluntad de la Ley, obedeciendo pura y consciente frente a una calificación arbitraria conociendo de antemano los parámetros y la legislación nueva respecto a la convocatoria y selección del personero municipal, prestablecida”, aseguró el fiscal del caso.El pasado 28 de diciembre de 2023 la Procuraduría General de la Nación dio a conocer en un fallo de segunda instancia una sanción de suspensión de tres meses a los 18 concejales de Floridablanca por irregularidades en la elección del personero en 2016.La Procuraduría en el proceso determinó la responsabilidad disciplinaria por la comisión de la falta grave cometida con culpa grave cuando se eligió a Robiel Barbosa como personero de Floridablanca en 2016, sin tener en cuenta que quien ocupó el primer puesto en el concurso de méritos fue el abogado Luis José Escamilla.En el proceso, la Procuraduría encontró que los concejales no dieron cumplimiento al principio de imparcialidad al calificar a Robiel Barbosa en la prueba de la entrevista con un puntaje de 100 y a Luis José Escamilla quien hasta ese momento ocupaba el primer puesto del concurso, un puntaje de 1.“Se observa ciertamente el reproche disciplinario aludió a la participación de los disciplinados en la calificación de la entrevista de dos de los candidatos a personero, en favorecimiento del candidato Robiel Barbosa Otálora, quien fue calificado por los 18 cabildantes con un puntaje de 100, a diferencia del señor Escamilla Moreno, quien fue calificado por los mismos 18 concejales al unísono con 1 punto. Ello, con presunto desconocimiento del principio de imparcialidad que regula la administración pública”, dice un aparte del fallo de la Procuraduría.Para la Fiscalía, los 18 concejales de Floridablanca debían elegir a Escamilla como personero, pero “los señores concejales quisieron manejar a su antojo y conveniencia la elección de tan importante ente de control y dicha conducta se denomina prevaricato a título de dolo”, dice el informe de la Fiscalía conocido por Blu Radio.“Este hecho evidentemente tuvo la suficiente potencialidad y eficacia para alterar la transparencia del proceso de selección, a efecto de direccionarlo a favorecer de forma efectiva la designación de Robiel Barbosa como personero municipal. Por lo cual, de conformidad a los actos investigados adelantados por la Fiscalía, se evidencia la existencia de suficientes elementos materiales probatorios para proferir escrito de acusación en contra de 18 concejales (entre ellos el candidato a la alcaldía José Fernando Sánchez) en calidad de autores de la conducta de prevaricato por acción prevista en el artículo 413 del Código Penal”, señala el documento de la Fiscalía General de la Nación.Los concejales de Floridablanca de 2016 llevados a juicio por la Fiscalía son: Jorge Alberto Pinzón Medina, Juan Carlos Ayala Suárez, Juan Ángel Triana Hernández, Andrés Norberto Ardila Pérez, Marcos Olarte Ramírez, Néstor Alexander Bohórquez Meza, Alirio Pinzón Díaz, Nelson Darío Espitia Rodríguez, José Alexander Esparza Martínez, José Nicanor Vera Pedraza, Walter David Durán Prada, Édgar Enrique Gómez Silva, José Fernando Sánchez Carvajal (actual alcalde), Alfredo Tarazona Matamoros, Guillermo González Palomino, Claudia Hernández Villamizar, María Consuelo Galvis Calderón, y Liliana Mendoza Rodríguez.
En el capítulo sobre Colombia y en un aparte sobre 'corrupción en el Gobierno', el informe indica: “La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Gustavo Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro”.En el documento, el departamento de Estado resaltó que hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año.“Los fiscales que investigan a congresistas y altos funcionarios de Gobierno informaron que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones a nueve exsenadores y tres exrepresentantes de la Cámara, 36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores y cuatro investigaciones a exalcaldes”, destacó la publicación.https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/colombia/Además, el reporte agregó: “Se establecieron sanciones penales por corrupción de funcionarios y, en general, el Gobierno implementó estas leyes de manera efectiva, aunque en ocasiones los funcionarios incurrieron en prácticas corruptas sin castigo”.El informe del Gobierno de Estados Unidos también hace referencia a la manera en que ingresos procedentes de la delincuencia organizada, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción.“Se informó ampliamente que las elecciones nacionales y regionales fueron justas y libres de abusos e irregularidades. Bandas criminales, disidentes de las Farc y el ELN amenazaron y mataron a funcionarios del gobierno. El ELN, por ejemplo, amenazó con atacar a algunos candidatos políticos locales que no apoyaran al ELN”, dice el informe que es elaborado desde 1977 por el departamento de Estado, sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.En cuanto a Latinoamérica, Estados Unidos afirma que más de 1.000 presos políticos están detenidos de forma arbitraria y sometidos a malos tratos en Cuba, mientras que sus familiares son blanco de amenazas.Se documenta también que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, cerró durante el año pasado más de 300 organizaciones de la sociedad civil, despojó a 300 personas de su ciudadanía y mantiene en la cárcel a más de 100 presos políticos "en condiciones atroces”.Advierte el reporte del departamento de Estado estadounidense que México dejó sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país se mantuvieron altos.Sitúa entre los principales problemas del país en materia humanitaria a los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y la violencia contra el colectivo LGTBIQ+, entre otros aspectos.La publicación concluye que no ha habido "cambios significativos" en la situación de derechos humanos en México y específica que, en muchas partes del país, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando con connivencia con las autoridades locales.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, consideró que en la providencia en la que se resolvió la situación jurídica del excongresista y embajador ante la FAO, Armando Benedetti, la medida de aseguramiento no era necesaria.Esta investigación se adelanta por presuntos hechos de corrupción registrados entre los años 2009 y 2011 por la supuesta exigencia de dineros, para que la Fiduprevisora les desembolsara el pago de derechos pensionales a docentes de Córdoba en los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica. Estos hechos habrían ocurrido cuando Benedetti era senador de la República.En este caso, el alto tribunal investiga si Benedetti supuestamente pidió dineros a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales sobre estas prestaciones, para que la Fiduprevisora pagara esas pensiones vitalicias y liquidaciones.En agosto del año 2022, la Corte Suprema de Justicia decretó la apertura de la instrucción y en septiembre del mismo año, Benedetti fue vinculado mediante indagatoria.
El 15 de marzo se presentó la propuesta inicial que dará comienzo a la discusión sobre el proyecto de ley No. 291 de 2023 ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que busca promover y asegurar la seguridad de quienes denuncian casos de corrupción.Transparencia por Colombia y diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Movimiento Ciudadano Anticorrupción, hacen énfasis en la importancia de establecer un marco legal que proteja a los denunciantes de actos corruptos, garantizando su seguridad y el pleno ejercicio de sus derechos básicos.Ya que, durante años, se ha hecho un llamado constante al Congreso y al Gobierno nacional para que avancen en la discusión y aprobación de esta legislación, contando con el respaldo de más de 8.500 firmas ciudadanas en la plataforma “change.org”.El actual proyecto, propuesto en el Congreso por el Gobierno nacional y respaldado por diversos sectores políticos, representa una oportunidad crucial para avanzar hacia un marco legal específico que garantice una protección completa a quienes exponen la corrupción en todo el territorio nacional. Durante una década, se intentó establecer una legislación sobre protección de denunciantes, que se rechazó en el Congreso.Sin embargo, el proyecto en curso podría cambiar esa dinámica y finalmente proporcionar el apoyo necesario a los denunciantes de corrupción.Tanto las denuncias formales ante las autoridades como las advertencias públicas desempeñan un papel crucial en la detección, investigación y castigo de la corrupción. No obstante, la ausencia de garantías de protección puede desmotivar a los denunciantes y permitir que más actos de corrupción queden impunes. Esto conduce al desvío de recursos públicos destinados al bienestar común.En términos de avances, resulta importante que la ley considere a los periodistas como sujetos que necesitan protección especial, ya que reconoce su papel fundamental en la difusión de información sobre corrupción y los riesgos que enfrentan al hacerlo.
Jaime Alonso Vásquez era un destacado líder social, abogado y veedor de la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander que también ejerció como periodista al hacer públicas sus denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en el departamento. En la mañana de este sábado, 14 de abril, sicarios le quitaron la vida mientras se encontraba en el interior de un establecimiento público en el barrio La Riviera de Cúcuta. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa a Vásquez corriendo, tratando de escapar del sicario que lo persigue. Segundos después, el agresor entra al establecimiento y dispara varias veces contra el veedor ciudadano.Las autoridades revelaron que los autores del crimen son dos delincuentes, posiblemente una mujer que conducía la motocicleta y un cómplice, quienes ingresaron al establecimiento y dispararon contra Vásquez. "En este momento, estamos llevando a cabo todas las labores investigativas para esclarecer los hechos y capturar a los responsables de esta situación. Además, otra persona resultó herida durante el incidente, pero afortunadamente su estado no reviste gravedad y está siendo atendida en el hospital", señaló el coronel William Quintero, comandante de la Policía de Cúcuta. Un amigo cercano del periodista le contó a medios de comunicación que luego de confirmarse su muerte en una clínica de Cúcuta, a la que alcanzó a ser trasladado, su celular estaba siendo usado porque aparecía en línea en WhatsApp. "Ha sido asesinado el periodista Jaime Vásquez en Norte de Santander, su oficio era denunciar la corrupción. Espero de Fiscalía la más profunda investigación que debería incluir el examen forense de las información de su celular que al parecer fue manipulado por funcionarios después de su muerte", incluso señaló el presidente Gustavo Petro.La última denuncia de Jaime VásquezA través de sus redes sociales el veedor le iba contando a sus seguidores sobre varios posibles hechos de corrupción y la última denuncia que hizo fue sobre el manejo de los dineros que Norte de Santander estaba recogiendo con el pago de los impuestos vehiculares. Según alcanzó a contar Vásquez, a una empresa privada le habrían otorgado el contrato para no solo administrar el dinero recaudado del impuesto vehiculas en ese departamentos, sino que además tenía el derecho de embargar vehículos de personas que no pagaban.
La Procuraduría abrió investigación contra tres funcionarios de la Aeronáutica Civil, que estarían involucrados en presuntas irregularidades en el proceso contractual de la adquisición de unas sillas ergonómicas para la entidad.De acuerdo con el ente de control, al parecer, los funcionarios Esther Josefina Vargas García, coordinadora administrativa y financiera; Laura María Cantillo Guzmán, supervisor y Jairo Eduardo Guarnizo Escobar, director Regional Centro Sur, ordenador del gasto, habrían incurrido en presuntos sobrecostos en la adquisición de los mobiliarios.“La adquisición de las 34 sillas ergonómicas tuvo un valor de $443.327.646, lo que se traduce en un precio por unidad aproximado de $13 millones” Advierte la entidad que la Dirección Regional Centro Sur de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil llevó a cabo un proceso de contratación de mínima cuantía con el fin de adquirir estas sillas para los controladores de tránsito aéreo del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. "El valor inicial del contrato fue de $300 millones, destinados a la compra de 23 sillas. Posteriormente, el contrato fue prorrogado, adicionando un monto de $143 millones para la adquisición de 11 sillas más. De acuerdo con las indagaciones de la Procuraduría, este valor, presuntamente podría exceder el precio de los mobiliarios en el mercado", indicó el Ministerio Público.
Aaron Cortés, tenista español que llegó a ser el 955 del ránking, ha sido suspendido 15 años tras admitir 35 quebrantamientos del programa anticorrupción del tenis.Cortés cometió estas irregularidades entre 2016 y 2018 y entre ellas se incluye amañar el resultado de partidos, aceptar dinero por ello, no avisar a las autoridades de los intentos de soborno, apostar en partidos y dar dinero a los organizadores de los torneos para que le dieran invitaciones.Además de los quince años sin jugar que ha determinado la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés), le han impuesto una multa de 75.000 dólares (69.000 euros), de la cual no tendrá que pagar 56.250 si no reincide.Cortés, de 29 años y que llegó a ser el 955 del mundo en septiembre de 2017, cooperó con la investigación de la ITIA y aceptó la sanción. El jugador queda inhabilitado desde el 27 de marzo de 2024 hasta el 26 de marzo de 2039.Durante este período, Cortés no podrá jugar, entrenar ni asistir a cualquier torneo de tenis organizado por los miembros de la ITIA o por cualquier asociación nacional.Le puede interesar:
La sala analizó los impedimentos presentados por los magistrados para conocer las demandas de casación presentadas por la defensa del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y el fiscal 3 delegado ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.Durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos corruptos al conspirar con otras personas.Estos actos se materializaron en procesos penales dirigidos contra Musa Abraham Besaile Fayad, Álvaro Antonio Ashton Giraldo y Juan Carlos Abadía Campo, en el escándalo judicial conocido como "El Cartel de la Toga".La Corte Suprema de Justicia explicó que en este sentido, la organización criminal obtenía información privilegiada, retrasaba procesos y manipulaba pruebas para emitir decisiones que beneficiaban a sus "clientes", quienes eran beneficiarios de tráfico de influencias.Entre los impedimentos, se encuentra el de la magistrada Myriam Ávila, porque en su anterior condición de procuradora delegada para la investigación y el juzgamiento penal, intervino dentro de las actuaciones que adelantó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, seguida en contra de los exmagistrados de este alto tribunal José Leonidas Bustos y Gustavo Malo.La magistrada agregó que "dentro de esos procesos se presentó alegato previo a la calificación del mérito del sumario y solicitó que se profiriera la resolución de acusación en contra de Bustos y Malo".Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia declaró fundados los impedimentos expresados por estos cuatro togados para intervenir en el trámite y decisión de este asunto.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, desautorizó un recurso de habeas corpus que había presentado un abogado para anular las órdenes del allanamiento que se realizó durante la madrugada de este sábado en su vivienda y en el Palacio de Gobierno de Lima, como parte de la investigación de sus relojes de lujo no declarados.El recurso, que fue presentado por un abogado identificado como Marcos Riveros, fue rechazado mediante un documento enviado por la defensa de la gobernante al Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima.En el documento, difundido por medios locales, la gobernante señaló que Riveros no es parte de su defensa legal y no ha sido autorizado para presentar ese recurso."En mi calidad de supuesta 'beneficiaria' del presente recurso interpuesto oficiosamente, acudo a su despacho a fin de desautorizar la presente solicitud de Habeas Corpus, puesto que no conozco al abogado Marco Riveros Ramos, no es parte de mi defensa y no lo he autorizado ni directa ni indirectamente a hacerlo", enfatizó.Boluarte estaba citada para mostrar sus relojes en el Ministerio Público el pasado martes y para dar su testimonio el pasado miércoles, pero había pedido reprogramar ambas citas debido a su "cargada agenda", por lo que no acudió a ninguna de estas.Esto provocó el allanamiento de su vivienda, donde el operativo policial rompió la cerradura de la puerta, y del Palacio de Gobierno, tras lo cual la presidenta afirmó que el procedimiento se había realizado de manera arbitraria, abusiva y desproporcionada, y que ella estaba colaborando con la investigación.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el periodista Marco Sifuentes, quien destapó el escándalo, contó que lo que hoy el país exige son respuestas concretas sobre cómo esos relojes de lujo llegaron al poder de Boluarte, pues son sumamente costos y no hay justificación de una compra hecha por ella misma.“Hay que decir que cada uno de los relojes equivale a cuatro sueldos presidenciales por lo cual, esa aparición llama la atención y, de hecho, nosotros periodísticamente eso es lo que hemos plantado, simplemente la pregunta ¿de dónde han salido esos relojes si la señora no tiene cómo justificarlos? Puede ser un regalo, pero si es así quién se lo dio, porque claramente sería problemático si fue un empresario por contratos con el Gobierno, por ejemplo”, detalló.“Ella ya mintió porque dijo que esos relojes los compró con su sueldo, dijo que son de antaño y está demostrado que, ni los compró porque no es clienta del distribuidor oficial, y está comprobado que ni son de antaño porque el único que tiene un certificado es del año pasado”, puntualizó el periodista.En respuesta a la gobernante, el Ministerio Público aseguró que el operativo se realizó "por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema" y, por tanto, descartó que la intervención haya sido "ilegítima, inconstitucional y abusiva".También aseguró que en el operativo "no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió", pero sí obtuvo otros elementos de interés para la investigación.
En una reciente actualización de políticas de salud, el Ministerio de Salud atrajo la atención nacional tras la publicación y posterior retiro de un borrador de decreto que proponía actualizar el sistema tarifario para procedimientos médicos.Este borrador, destinado a reemplazar el manual de régimen tarifario vigente, fue eliminado de la plataforma oficial poco después de su publicación debido a un error en la indexación de las Unidades de Valor Tributario (UVT), afectando principalmente a procedimientos quirúrgicos e intervencionistas y servicios de internación.La exministra Carolina Corcho expresó su preocupación en redes sociales e instó al ministerio a explicar las razones detrás de la publicación de un documento con errores evidentes. En respuesta, el Ministerio de Salud publicó un informe detallando que la pronta identificación de errores en tres tablas críticas del borrador motivó su retiro, en un esfuerzo por garantizar la transparencia y corrección del proceso.La explicación del ministro Guillermo Alfonso JaramilloEn diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó la situación y los pasos que seguirán respecto al controversial tarifario."Desafortunadamente, hubo un problema de indexación que no fue adecuado. Estamos trabajando para corregir este error, que esperamos no haya sido algo intencional. Tenemos que corregirlo porque pues todas las cosas son corregibles y ese error, pues nos tocará que pagarlo", comentó el ministro.El ministro aclaró que el tarifario no será obligatorio, sino que servirá como referencia principalmente para casos relacionados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y situaciones de catástrofe."El tarifario que proponemos no es para uso obligatorio, sino como una referencia en situaciones específicas que así lo requieran", afirmó Jaramillo."Si para que puedan funcionar las cosas se necesita tener un tarifario, este que salga es especialmente para algo que es el SOAT, los accidentes de tránsito y para los temas catastróficos", explicó el ministro.Reforma pensional, ¿los jóvenes se quedarían sin pensión?Tarifario no es control de preciosFinalmente, el ministro dijo que la intención no es regular la actividad económica de forma estricta sino proporcionar una base de referencia que pueda ser de utilidad en circunstancias extraordinarias.“Nosotros no podemos regular la actividad económica, pero da un tarifario en donde por lo menos tengan una base. Pero es que tenemos todavía usamos. Imagínense que todavía usamos el del Seguro Social del siglo pasado”, concluyó el ministro en Mañanas Blu.
Un S.O.S lanzó la gobernadora de Sucre, Lucy García, al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por el fantasma de una nueva inundación que vuelve a atormentar a La Mojana, pues apenas empezaron las lluvias y ya el agua se está filtrando en 150 metros de la barrera recién construida por la entidad para cerrar el chorro de Caregato.Y es que hace unas semanas, después de más de dos años de inundaciones, se logró frenar la entrada de agua en Caregato, pero ello no significa que el boquete esté cerrado completamente, porque aún falta realzar el dique y reforzar la obra, trabajos a los que ahora les bajaron el ritmo por falta de financiación.En diálogo con la comunidad, el ingeniero de la obra Germán Serrano aseguró que, a pesar de que el personal y la maquinaria están trabajando en terreno, hace más de 120 días la UNGRD no desembolsa un peso para continuar las obras."Es muy crítico, estamos trabajando y respondiendo, pero la verdad nos estamos asfixiando financieramente. Necesitamos el apoyo de la entidad, porque esto no lo podemos lograr solo, esto es trabajo en equipo, hemos mostrado seriedad y responsabilidad, pero son 120 días sin desembolso de recursos", manifestó.Es por esto que la gobernadora de Sucre hizo un llamado urgente al director Carrillo para “que se apersone de la situación”, pues otro desbordamiento del río Cauca acabaría una vez más con los cultivos y trabajos de preparación de tierra realizados por las comunidades campesinas.“Hay que tomar las medidas necesarias para retomar nuevamente el buen ritmo de las actividades del cierre de Caregato y no truncar las esperanzas de nuestros campesinos de la subregión de La Mojana y San Jorge y evitar poner en riesgo sus vidas y patrimonio”, señaló la gobernadora.La advertencia de la mandataria se dio tras una visita de inspección realizada en esta semana por personal de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático de Sucre, en cabeza de Paola Tous, quien estuvo acompañada por la Procuraduría Ambiental.
En medio del debate sobre la reforma pensional y su impacto en las futuras generaciones, el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de las preocupaciones que tienen los jóvenes sobre sí recibirán su pensión.Las especulaciones han girado en torno a la posibilidad de que los jóvenes, dentro de 50 o 60 años, se vean privados de una pensión adecuada debido a los cambios en el sistema de pensiones propuestos por la reforma. Sugieren que los jóvenes podrían enfrentar un aumento significativo en sus cotizaciones, pasando del 16 % actual a un 35 %, lo que generaría una presión fiscal insostenible en el futuro.Lea también: Reforma pensional: cómo afectaría a Porvenir y otros fondos, si sube umbral¿Los jóvenes se quedarían sin pensión?El viceministro Jaramillo aseguró que la reforma pensional no contempla un aumento tan drástico en las cotizaciones. Según sus declaraciones, la reforma tiene como objetivo garantizar que las futuras generaciones puedan acceder a una pensión digna, sin imponerles cargas financieras excesivas. "Justamente por eso hay cuentas intergeneracionales que van a acompañar a la administración del fondo de ahorro. Por eso es que se requiere la reforma”, aseguró. Además, Jaramillo destacó que la reforma busca asegurar que los jóvenes tengan una garantía constitucional de pensión y que se están tomando medidas para respaldar esta garantía. "Lo que estamos haciendo es todo para que esa garantía constitucional tenga respaldo”, dijo. “La reforma lo que busca es asegurar que las futuras generaciones tengan esa garantía (...) No se puede confundir y decir que la reforma prevé aumentar la cotización al 35 %. Quiero que quede muy claro en este mismo escenario que eso no se prevé”, puntualizó.Los puntos clave que aprobó el Senado de la reforma pensionalEl Senado aprobó un sistema pensional donde todos los colombianos estarán afiliados al sistema público y solo quienes ganen más de 2.3 salarios mínimos podrán mover parte de sus ahorros a cuentas individuales en las AFP.Los colombianos mayores de 65 años que no pudieron cotizar y viven en pobreza recibirán un bono mensual equivalente al umbral de pobreza extrema (a la fecha, $223.000).Aquellos que cotizaron menos de 300 semanas recibirán un pago único total, mientras que quienes tengan entre 300 y 999 semanas recibirán un pago vitalicio por debajo del salario mínimo.Personas con mil semanas cotizadas podrán optar por una pensión anticipada, descontando las semanas que les falten, y se ofrece la opción de sumar semanas cotizadas con la pareja para una pensión compartida.Los ahorros actuales en las AFP permanecerán allí hasta que se solicite la pensión, momento en el cual se transferirán a Colpensiones, que será el único administrador de pensiones.Las nuevas cotizaciones irán principalmente a Colpensiones, pero serán administradas por el Banco de la República con soporte de gestores especializados.La reforma aún necesita ser aprobada en dos debates adicionales en la Cámara de Representantes y podría requerir conciliación antes de convertirse en ley.La implementación del nuevo sistema pensional está programada para julio de 2025, permitiendo una transición del sistema actual al nuevo.
En video quedó registrado un rifirrafe entre un conductor de bus escolar y un motociclista por un posible hecho de intolerancia en las calles de Floridablanca. Los dos hombres se enfrascaron en una discusión por hechos que son materia de investigación, sin embargo, fueron los niños quienes quedaron en riesgo por las maniobras peligrosas del conductor de la buseta escolar.Frente a este hecho hay versiones encontradas: el conductor de la motocicleta denunció que el conductor del bus lo golpeó y huyó del lugar, mientras que el señor que manejaba el bus advirtió que era perseguido por el motociclista y por eso trataba de esquivarlo.Sin embargo, el alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, pidió una investigación: "Se puede observar que el conductor de una buseta de transporte escolar, en un acto de intolerancia, está atentando contra la integridad de diferentes ciudadanos, manifestamos nuestro rechazo ante esta situación que evidentemente es criminal. Estamos iniciando este proceso de indagación para conocer quién es la persona que iba manejando. Merece nuestro rechazo porque en la buseta iban niños", dijo el mandatario.Según los reportes de las autoridades, el conductor de la buseta escolar golpeó otros dos vehículos mientras intentaba huir del motociclista.Por ahora, la Dirección de Tránsito de Floridablanca y Policía iniciará una investigación para determinar las responsabilidades de las personas involucradas en el hecho.
Artistas y famosos del mundo del espectáculo se reunieron este miércoles para celebrar en Miami, EE. UU., la inauguración de 'The Messi Experience', una muestra interactiva que abrirá sus puertas este jueves y que repasa la vida del astro argentino.El 'Hangar at Regatta Harbour' en Miami acogió esta noche una alfombra roja por la que pasaron muchas celebridades argentinas como Stef Roitman, Zaira Nara, Liz Solari, Débora Bello y Benja Torres.Tampoco se perdieron la ocasión otros famosos latinos como la venezolana Eglantina Zingg, el venezolano Samy Hawk, el estadounidense de padres colombianos Christian Acosta, la ecuatoriana Valeria Gutiérrez y la cubana Danella Urbay.¿Messi o Cristiano? Este es el futbolista más googleado en Colombia'The Messi Experience: A Dream Come True' es una muestra multimedia de innovadora tecnología que en los próximos años planea visitar hasta 80 ciudades del planeta, con Buenos Aires entre sus siguientes paradas.La exhibición dedicada al actual capitán del Inter Miami, que se mantendrá abierta dos meses en esta ciudad del sur de Florida, EE. UU., comprende nueve instalaciones temáticas y mantiene un cierto orden cronológico, desde sus inicios en su natal Rosario hasta la consecución de la Copa del Mundo en Qatar 2022 con Argentina y su posterior desembarco al club de la MLS.