La justicia que buscamos no es una venganza de la sociedad: Santos

El presidente Juan Manuel Santos, en medio de la reunión de ministros de Justicia de las Américas, aprovechó para destacar el acuerdo en justicia alcanzado con la guerrilla de las Farc en medio del proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba.
 
“El tema de la justicia era el mayor obstáculo para la firma de la paz, y logramos diseñar un sistema que garantiza la no impunidad frente a los delitos más graves cometidos con ocasión del conflicto, a través de la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz”, enfatizó.
 
Según Santos, ese acuerdo permitirá que, por primera vez, las víctimas tengan derecho a justicia, verdad, reparación y no repetición. (Vea también: Gobierno y Farc convocarán comisión jurídica para zanjar diferencias en acuerdo)
 
“Porque la justicia que buscamos no es una venganza de la sociedad sino la realización de un derecho sagrado de las víctimas”, agregó.
 
El jefe de Estado de los colombianos enfatizó en que “no habrá amnistías ni indultos para los delitos de lesa humanidad y los graves crímenes de guerra, y donde los responsables tendrán sanciones con restricción efectiva de la libertad, y cumplirán –además– funciones reparadoras y restaurativas”.
 
“Estamos logrando el objetivo que nos fijamos desde un principio: alcanzar el máximo de justicia que nos permita la paz”, finalizó.
 
Esta es la declaración del presidente Juan Manuel Santos en la instalación de la reunión de ministros de Justicia, procuradores o fiscales generales de Las Américas:

 

¡Sean bienvenidos –ministros, procuradores y fiscales de las Américas– a esta gran reunión hemisférica sobre la Justicia!

 

Agradezco a la OEA por haber escogido a Colombia para albergar este evento, y debo decir que no pudo haber encontrado mejor momento para hacerlo.

 

Porque Colombia –hoy por hoy– está transformando su justicia para hacerla más operativa y ágil, pero –a la vez– está siendo transformada por la justicia.

 

Si de algún tema se ha hablado este año en nuestro país –como centro del debate político y académico– ha sido de la justicia.

 

Hace 3 meses sacamos adelante una importante reforma constitucional para mejorar nuestra justicia ordinaria, y hace apenas 3 semanas anunciamos un acuerdo trascendental sobre las bases de un sistema de justicia transicional dentro del proceso de paz que adelantamos en La Habana.

 

Porque la justicia es indispensable para la convivencia de una sociedad, y porque sabemos también que es esencial para el logro y la consolidación de la paz.

 

El tema de la justicia era –sin duda– el mayor obstáculo para la firma de la paz, y logramos diseñar un sistema que garantiza la no impunidad frente a los delitos más graves cometidos con ocasión del conflicto, a través de la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz.

 

Con este acuerdo –que respeta la normatividad y los principios del derecho internacional y de nuestra propia Constitución– se coloca por primera vez el derecho de las víctimas a la justicia –así como a la verdad, a la reparación y a la no repetición– en el centro de la solución de un conflicto armado.

 

Y estamos logrando el objetivo que nos fijamos desde un principio: alcanzar el máximo de justicia que nos permita la paz.

 

Esta es la primera vez, también, en la historia de los conflictos en el mundo, en que un gobierno y un grupo armado ilegal –en un acuerdo de paz y no como resultado de imposiciones– crean un sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves.

 

Estamos sentando un precedente que puede servir a otros conflictos armados en el planeta, y así lo reconocen destacados analistas y centros de pensamiento.

 

El Centro Internacional de Toledo para la Paz, por ejemplo, consideró “–como conclusión de una reunión en Madrid de expertos y académicos– que el acuerdo es consistente con los principios de la justicia universal y responde al legítimo clamor de una paz sin impunidad”.

 

Y afirmó que puede servir como un modelo “para desatascar otros procesos de paz prolongados”.

 

The International Crisis Group –por su parte– dijo que “este acuerdo sobre justicia transicional es un paso adelante firme, eficaz e inteligente”.

 

Y agregó: “Se está adoptando un enfoque equilibrado y sensato hacia los complejos dilemas que presenta un conflicto que ha causado más de seis millones de víctimas (…), y un proceso de paz que requiere certezas legales y políticas para las partes y la sociedad colombiana”.

 

Un catedrático y magistrado alemán, uno de los mayores expertos en justicia transicional –Kai Ambos–, solo para citar otro concepto, escribió también, luego de analizar el documento:

 

“El acuerdo firmado el 23 de septiembre en La Habana (…) se encuentra plenamente conforme con los estándares internacionales”.

 

Y dijo algo más, para quienes piensan que es muy laxo comparado con procesos anteriores de desmovilización:

 

“El acuerdo es un paso histórico que, en términos de ‘accountability’, les exige más a las FARC de lo que la Ley 975 (la ley de Justicia y Paz) le exigió al paramilitarismo”.

 

Ha sido tan importante este avance –tan significativo– que nos permitió dar dos pasos adicionales: acordamos una fecha límite para firmar el Acuerdo Final que terminará nuestro conflicto armado, que será –como máximo– el 23 de marzo de 2016.

 

Ese día –o antes– daremos un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y de todo el Hemisferio occidental.

 

Acordamos –además¬– que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días luego del Acuerdo Final.

 

Hoy hay un cronograma para terminar la guerra y, si lo logramos, es porque desatamos el nudo gordiano de la justicia.

 

Señores ministros, procuradores y fiscales de América:

 

Lleven a sus países la buena noticia de que –si todo marcha según lo pactado– en menos de seis meses todo nuestro hemisferio será una zona libre de guerras y conflictos armados.

 

Porque la paz de Colombia será la paz de toda la región.

 

Y cuenten también que logramos ponernos de acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia transicional donde no habrá amnistías ni indultos para los delitos de lesa humanidad y los graves crímenes de guerra, y donde los responsables tendrán sanciones con restricción efectiva de la libertad, y cumplirán –además– funciones reparadoras y restaurativas.

 

Digan –finalmente– que en Colombia estamos adelantando un proceso de paz que ha puesto a las víctimas en el centro de la solución del conflicto.

 

Porque la justicia que buscamos no es una venganza de la sociedad sino la realización de un derecho sagrado de las víctimas.

 

La firma de la paz –quién lo duda– es indispensable para el desarrollo de nuestro país, pero sabemos bien que es apenas el comienzo de una enorme tarea, que es la reconstrucción del tejido social, la recuperación de la confianza y la activación de dinámicas de paz en todo el territorio nacional.

 

Una parte esencial de esa tarea es garantizar no solo un sistema de justicia transicional para los actores del conflicto, sino también una justicia cercana, amigable, efectiva y de calidad para todos los habitantes de nuestra nación…

 

Para los niños, para los vecinos, para los miembros de una familia, para la mujer abusada, para la persona que es víctima de un robo, para el comerciante, para el arrendador que tiene problemas con su arrendatario… ¡para la gente del común!

 

Me alegra poder decirles que en los últimos cinco años nuestro gobierno ha apoyado como ningún otro el sistema de justicia, lo que se evidencia en hechos como el restablecimiento del Ministerio de Justicia, y el incremento del presupuesto de la Fiscalía General en un 71 por ciento y de la Rama Judicial en un 57 por ciento, entre el 2010 y el 2015.

 

Siempre he dicho que el amor –en el gobierno y en la política– se demuestra con presupuesto, y así lo hemos hecho con nuestra justicia.

 

Además, impulsamos dos de las más importantes reformas procesales de nuestro tiempo: el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que apuntan a la simplificación de los trámites, a la incorporación de las TIC, a la oralidad y a la tutela judicial efectiva.

 

En los procesos de lo contencioso administrativo –por ejemplo– hemos logrado una reducción de tiempos procesales del 85 por ciento, de forma que litigios que antes demoraban 1.000 días en resolverse ahora pueden durar 150 días o menos.

 

Y avanzaremos aún más –mucho más– en la medida en que continuemos mejorando la infraestructura física y tecnológica.

 

Hemos fortalecido también el sistema de Casas de Justicia, y apostamos por la conciliación y los métodos alternativos de solución de conflictos a través del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, y la formación de nuevos conciliadores en equidad.

 

Y logramos algo más –muy importante– este año: la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes.

 

Siempre me ha gustado la forma en que Franklin Delano Roosevelt hablaba de los poderes públicos, con un símil campesino.

 

Decía Roosevelt que el Estado es como un arado jalado por tres bueyes, que representan a los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

 

Si cada buey anda por su lado y jala en distinta dirección, el arado no cumple su cometido, simplemente no avanza… Si un buey es mucho más fuerte que los otros dos, el surco se desviará hacia su lado.

 

La única forma que el arado funcione bien es que los bueyes tengan un tamaño similar, y que avancen autónomamente pero en la misma dirección, es decir, con armonía.

 

Eso es lo que he buscado durante mi gobierno: respetar la autonomía de los poderes públicos, pero invitarlos a trabajar armónicamente por objetivos fundamentales para la nación, como la paz, como la equidad, como la justicia.

 

Con la reforma constitucional que impulsamos –y que aprobó el Congreso este año– se eliminó la reelección del Presidente y de los más altos funcionarios del Estado, con el fin de restituir el necesario equilibrio de poderes.

 

Pero no solo hizo eso. Esta reforma fortalece a la justicia en varios aspectos.

 

Se creó la Comisión de Aforados, compuesta por abogados expertos, para que investigue a funcionarios con fuero especial.

 

Se modificó la elección de magistrados de las Altas Cortes, con el objeto de mejorar la transparencia y la meritocracia en la Justicia.

 

Y algo fundamental: creamos un esquema de administración de la Rama Judicial que nos permitirá contar con una Justicia con recursos bien administrados; con un Consejo de Gobierno –con participación de jueces y expertos en administración pública– y un gerente.

 

Porque la Justicia es un sistema que debe ser gerenciado y administrado como cualquier otra entidad u organización que preste servicios a la ciudadanía.

 

Trabajamos arduamente para identificar cuál es la mejor forma de operación de justicia, revisando experiencias de otros países y aprendiendo de nuestra propia experiencia; conscientes de que no existen modelos perfectos, pero que debemos ser innovadores y eficaces.

 

Ahora cursa en el Congreso –la radicamos hace menos de dos semanas– el proyecto de Ley Estatutaria de Justicia que desarrolla la reforma constitucional de equilibrio de poderes.

 

Esta ley regulará las relaciones entre el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial, establecerá la forma en la que funcionará la Comisión que se encargará del control y vigilancia de la carrera judicial, y determinará los mecanismos para la elección de los magistrados de las altas cortes.

 

En últimas, se apunta a una mayor independencia de la Rama Judicial, acompañada de la rendición de cuentas a la ciudadanía, que es la destinataria y razón de ser de sus servicios.

 

Y cuando hablo de una justicia independiente, me refiero también a una justicia que no persigue a nadie por razones políticas, y que se ajusta siempre a las normas y el debido proceso.

 

Es normal –y en la historia se ha visto con frecuencia– que cuando alguien que ha tenido poder o está en la oposición es investigado por cualquier tema, se victimice a sí mismo y se autoproclame “perseguido por la justicia”.

 

Tristemente, en otras latitudes suceden estas cosas…

 

Pero no en Colombia. Aquí tenemos una justicia fuerte, autónoma, seria, independiente, cuyas investigaciones y fallos no dependen de las veleidades de la política.

 

Tenemos una tradición judicial y de respeto al derecho que nos enorgullece, y que los magistrados y jueces respetan, al igual que lo hace el Gobierno, acatando sus providencias.

 

Así pues –apreciados amigos del continente–, como habrán visto, no exageré cuando les dije que llegan a Colombia en un momento en que la justicia es protagonista.

 

Qué bueno que sesionen aquí para que conozcan lo que hacemos, y para aprender también de sus experiencias, de sus modelos y sus resultados.

 

Y también para que deliberemos, con franqueza, sobre el tema de la cooperación judicial –en particular en la lucha contra el crimen organizado– que, infortunadamente, tiene niveles muy por debajo de los deseables.

 

Ojalá esta reunión produzca resultados concretos para asegurar una mayor cooperación en esta materia, pues unidos –cooperando– somos más fuertes frente al crimen.

 

Bienvenidos una vez más, y siéntanse en casa porque ésta es la patria del general Francisco de Paula Santander, ese gran colombiano que dijo:

 

“Las armas os han dado la independencia, pero las leyes –solo las leyes– os darán la libertad”.

 

Muchas gracias