Mientras EPM y la junta de Hidroituango toman decisiones y avanzan en el salvamento de la obra y la aceleración de su recuperación para producir energía, en la Contraloría de Antioquia siguen las investigaciones a los contratos y los recursos públicos que están en juego.
Blu Radio conoció en exclusiva que el ente de control trasladó a procesos de responsabilidad fiscal tres presuntas irregularidades de las siete indagaciones preliminares que tiene el organismo de control en el caso de Hidroituango.
El primer hecho es un presunto detrimento patrimonial por 8’400.000 pesos por un contrato relacionado con remodelación de escuelas en Ituango y Yarumal, municipios de influencia de Hidroituango. Según la Contraloría, las obras en las instituciones públicas no se hicieron correctamente.
El segundo proceso es por otro detrimento de 619 millones de pesos, por el inicio de construcción de viviendas en el municipio de Peque, las cuales no se terminaron.
El tercer caso, que ya está en fase de imputación, es un
A eso se suman las investigaciones de la Contraloría que están en fase de indagación preliminar y que arrancan con hechos de diciembre de 2016, cuando el departamento de Antioquia y el IDEA firmaron un contrato de usufructo para que EPM se quedara con toda la operación y las decisiones alrededor de Hidroituango. En esta indagación, el detrimento patrimonial está avaluado en 60.650 millones de pesos.
Luego, hay dos indagaciones preliminares de hechos de diciembre de 2012: uno, por un contrato de suministros de papelería para personerías municipales de las zonas de influencia avaluado en 23 millones de pesos y otro por un pago de deducciones de ley que hizo EPM por 6.286 millones de pesos.
Pero, sin duda, la investigación principal gira alrededor de un presunto detrimento de 90 millones de dólares por una supuesta extralimitación de EPM en sus derechos y decisiones de Hidroituango, en hechos que referencia la Contraloría desde enero de 2016.
Ahora, los diferentes contralores auxiliares recogerán las pruebas para determinar si estas investigaciones por mal manejo de dinero público merecen o no sentencias contra los investigados.
Blu Radio conoció en exclusiva que el ente de control trasladó a procesos de responsabilidad fiscal tres presuntas irregularidades de las siete indagaciones preliminares que tiene el organismo de control en el caso de Hidroituango.
El primer hecho es un presunto detrimento patrimonial por 8’400.000 pesos por un contrato relacionado con remodelación de escuelas en Ituango y Yarumal, municipios de influencia de Hidroituango. Según la Contraloría, las obras en las instituciones públicas no se hicieron correctamente.
El segundo proceso es por otro detrimento de 619 millones de pesos, por el inicio de construcción de viviendas en el municipio de Peque, las cuales no se terminaron.
El tercer caso, que ya está en fase de imputación, es un
detrimento por 8 millones de pesos por irregularidades también en obras de viviendas en Ituango.
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A eso se suman las investigaciones de la Contraloría que están en fase de indagación preliminar y que arrancan con hechos de diciembre de 2016, cuando el departamento de Antioquia y el IDEA firmaron un contrato de usufructo para que EPM se quedara con toda la operación y las decisiones alrededor de Hidroituango. En esta indagación, el detrimento patrimonial está avaluado en 60.650 millones de pesos.
Luego, hay dos indagaciones preliminares de hechos de diciembre de 2012: uno, por un contrato de suministros de papelería para personerías municipales de las zonas de influencia avaluado en 23 millones de pesos y otro por un pago de deducciones de ley que hizo EPM por 6.286 millones de pesos.
Pero, sin duda, la investigación principal gira alrededor de un presunto detrimento de 90 millones de dólares por una supuesta extralimitación de EPM en sus derechos y decisiones de Hidroituango, en hechos que referencia la Contraloría desde enero de 2016.
Ahora, los diferentes contralores auxiliares recogerán las pruebas para determinar si estas investigaciones por mal manejo de dinero público merecen o no sentencias contra los investigados.
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