Las principales molestias de los camioneros radican en el incumplimiento de la regulación de precios para el transporte de carga por el país, también en el cierre de postulaciones para chatarrizar vehículos y en la apertura de investigaciones a unos 1.400 camioneros y también empresas que participaron en el paro que podrían tener multas hasta por 700 millones de pesos.
Ante ese panorama, los gremios del sector decidieron recurrir a la ONU para que el Gobierno Nacional “cumpla los acuerdos que permitieron levantar el paro”, indicó Luis Orlando Ramírez, director de Asociación de Transportadores de Carga.
Por ahora, los camioneros descartaron un nuevo paro y afirmaron que agotarán los canales de diálogo usando la mediación de la ONU, la Iglesia y la Procuraduría general de la nación.
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