Un informe de la Contraloría de Medellín advierte de 41 hallazgos por más de $3.000 millones en la alcaldía de Daniel Quintero Calle en medio de la atención de la pandemia durante 2020.
Estos hallazgos están relacionados con la celebración indebida de contratos en varias dependencias de la Administración Municipal.
Según la Contraloría, las presuntas irregularidades se adelantaron en las Secretarías de Educación, Salud y entes descentralizados como el canal local Telemedellín, una situación que podría llevar a procesos fiscales.
Este informe, firmado por Ángela Patricia Monsalve Sierra, contralora Auxiliar de Medellín, de 195 páginas y donde se revisaron 108 contratos COVID, es resultado de una revisión, análisis de contratos y procedimientos que involucran recursos que, al parecer, fueron utilizados fuera de los requisitos y normas legales el año pasado para la atención de la pandemia.
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Por ejemplo, la Contraloría reveló que en la auditoría en el componente de inversión, del gasto, de gestión presupuestal y financiera encontraron siete hallazgos con incidencia fiscal y disciplinaria por el valor de $3.048 millones.
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"Siete son hallazgos fiscales por un valor de $3.048 millones y los hallazgos son de diferentes secretarías relacionados con temas como por ejemplo presuntos sobrecostos en paquetes alimentarios”, puntualizó la contralora de Medellín.
Además, “con relación al resultado obtenido en la gestión de la inversión y del gasto se evidenciaron 30 hallazgos, uno con presunta incidencia fiscal valorado en $126'630.369 que se presenta en la Secretaría de Educación, siete hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $3.048'488.728, presentadas en las secretarías de Salud y Educación, 16 hallazgos administrativos, dos hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y penal y cuatro hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria”, señaló el documento de la Contraloría.
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La funcionaria agregó “la presunta contratación de talento humano sin perfiles adecuados conforme a lo establecido en algunos de los contratos, mayores pagos por concepto de IVA o algunos errores en planeación y falta de retención en algunos contratos de obra”.
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También evidenció irregularidades en la Secretaría de Comunicaciones y en el contrato interadministrativo que tienen con el canal público Telemedellín, los análisis de la investigación evidenciaron sobre ejecuciones por valor de $27'105.281.
“Fueron distribuidas de la siguiente manera: $255.751.612 correspondientes a la diferencia entre la relación de los recursos facturados a Telemedellín por sus proveedores de bienes y/o servicios reportados en los informes de supervisión, los cuales ascienden a $4.297.509.254, mientras que lo presupuestado, incluidos los recursos de la adición, equivalen a $4.041.757.642 y $17.353.669, sobreejecución por concepto de honorarios + IVA causados por administración de los recursos por parte de Telemedellín como contratista, mandataria del contrato, debido a que en las mencionadas facturaciones, se incluye dicho concepto (honorarios + IVA por administración) presentando una ejecución por $400.596.027, mientras que el valor pactado en el contrato en su totalidad por este concepto, asciende a $383.242.358; tales situaciones dan una diferencia total entre lo facturado por la ejecución y lo pactado en el contrato de $273.105.281”, aseveró.
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En este informe, la Contraloría aseguró que “la situación anteriormente descrita constituye un riesgo para los recursos entregados para su administración a Telemedellín, en razón de la diferencia existente entre los recursos apropiados y comprometidos para el contrato y lo facturado por las actividades, bienes y servicios efectivamente ejecutados, inconsistencias que afectan la adecuada gestión financiera”.
Según el ente de control fiscal, estos hallazgos están orientados a la celebración indebida de contratos sin requisito de ley, a la no publicación transparente de contratos en la plataforma SECOP, falta de supervisión, controles y planeación, también al pago de anticipos sin requerimientos legales, diferencias entre el valor de las facturas emitidas por los proveedores frente a los bienes y servicios recibidos, entre otros.
La Contraloría presentó los respectivos planes de mejoramiento y el hallazgo con incidencia disciplinaria que fue trasladado a la Personería de Medellín. La Alcaldía de Daniel Quintero Calle tiene diez días para aclarar o explicar las irregularidades.
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