Uno de los hallazgos más graves del informe de auditoría forense de Jahv McGregor es que pudieron existir delitos relacionados con la falsedad en documento por la modificación de un acta de la junta directiva de EPM para justificar una de las ampliaciones al contrato de construcción de Hidroituango.
Cuando la auditoría estaba revisando el acta del 21 de diciembre de 2015 se encontró una nota en la esquina inferior izquierda de la última página donde dice literalmente: “la presente acta se corrige con el acta 45-001 del 4 de abril de 2019”. Es decir, una corrección cuatro años después.
Lo que incluyeron en la corrección fue el informe que sustentó el Acta de Modificación Bilateral al contrato número 15 al contrato de construcción de la hidroeléctrica.
Para el auditor esta es una movida “sospechosa”, aunque la explicación que recibió fue que se trató de “un error involuntario”. Dice el informe: “si en efecto se trató de un error involuntario ha debido simplemente dejarse constancia de la situación antes descrita y no suscribir un acta que da fe de situaciones anteriores a la realización de dicho comité y mucho menos alterar el acta original”.
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Según McGregor, entre los presuntos responsables está la secretaria general de EPM, Maritza Alzate, quien estuvo en 2015 cuando se modificó el contrato y en 2019 cuando se corrigió el acta. También están Luis Javier Vélez Duque, vicepresidente de proyectos de generación de energía, y Santiago García Cadavid representante legal del consorcio CCC.
En 2019, cuando se hizo la corrección, el gerente de EPM era Jorge Londoño de la Cuesta, el alcalde era Federico Gutiérrez, el gobernador era Luis Pérez y la junta directiva estaba presidida por Gutiérrez, como mandatario local en ese momento.
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