Las tres semanas de emergencia en nueve comunidades indígenas y afro de zonas rurales de Murindó, Urabá antioqueño, obligaron a la administración municipal y los organismos de emergencia a declarar calamidad pública para atender a los afectados, cuya cifra llegó a 2.653 personas.
“Una de las comunidades ya tiene una bomba que soluciona lo del agua. Ya se decreta la calamidad pública y se hace un requerimiento de más bombas para mitigar el problema de agua. Además, se hace la evaluación con Corpourabá para pozos subterráneos”, explicó la directora del Dapard, Juliana Palacio.
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La declaración de calamidad pública se dio para que, además, el municipio pueda disponer de recursos y atender la situación por la sequía del río.
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