En medio de la incertidumbre que se tiene por Hidroituango, EPM se comprometió con alcaldes y funcionarios de los municipios ubicados aguas abajo en acompañar la evacuación que fue ordenada por la Unidad de Gestión del Riesgo y donde el alcalde de Medellín Daniel Quintero señaló que no será antes del 30 de noviembre.
“Nadie que defienda la vida debe decir que no se debe poner a funcionar en este momento Hidroituango porque si falla ese vertedero entonces lo habremos advertido. Habremos advertido que estamos listos para entrar en operación y algo o alguien nos lo impidió”, dijo Quintero durante un debate en el Congreso de la República.
Quintero aseguró que el vertedero (un lugar de la represa que permite la evacuación del exceso de agua) es el principal riesgo que pone en peligro la vida de las comunidades aguas abajo y la manera de evitar que colapse es hacer que el agua pasepor donde se supone que debería hacerlo: Las turbinas de generación.
Con dos unidades que se enciendan dejan de pasar por el vertedero cerca de 30 millones de toneladas de agua y se necesita que estén operando “mínimo cuatro” para que el vertedero esté seco en verano.
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Según Quintero, dejar la represa en las condiciones actuales pone el vertedero en riesgo de colapso y desmontar el proyecto, cosa que se analizó en algún punto, implicaría evacuar a 120.000 personas durante 10 años.
La entrada en funcionamiento del proyecto permitiría reducir en un 5% las tarifas de energía eléctrica en el país y apagar por lo menos seis centrales de generación térmica (que operan con gas o carbón).
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“La ciudad no le ha negado ni un peso a Hidroituango y se han invertido en total cinco billones de pesos en reconstruir el proyecto”, señaló Quintero.
El proyecto tiene plazo hasta el 1 de diciembre de 2022 (la próxima semana) para generar energía y por el momento la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, no se ha pronunciado sobre la solicitud de ampliar ese plazo sin sanciones.
Las sanciones económicas para EPM si el proyecto no entra en la fecha prevista incluyen la ejecución de garantías bancarias, la pérdida de los pagos del cargo por confiabilidad y la pérdida de ingresos comerciales por la venta de energía.
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