La jueza municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla suspendió hasta este miércoles la audiencia de medida de aseguramiento contra el coronel Óscar Alexander Amado, director de Bienestar y Familia del Ejército, y otros tres militares imputados por la Fiscalía por supuesto tráfico de armas.
En estas audiencias virtuales que se extendieron dos días con los capturados desde Medellín, Barranquilla y Bogotá, la funcionaria judicial tomó esa decisión para darle más tiempo a los abogados de los miembros del Ejército para las pruebas de su defensa contra la solicitud de envío a la cárcel como fue solicitado por el ente acusador.
Sin embargo, los militares continuarán detenidos en sus respectivos cantones tanto en Medellín, Barranquilla y Bogotá, como el caso del coronel Amado que estará en el Cantón Norte.
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El abogado Johan Esteban Pamplona, defensor de Pablo Aleiser Caro, sargento viceprimero de la Cuarta Brigada en Medellín, aseguró que tiene pruebas suficientes para demostrar la inocencia de su cliente y que la Fiscalía no tiene cómo probar que el suboficial participó en la supuesta red de tráfico de armas.
"Con una investigación que carece de todos los postulados del tipo penal, la Fiscalía no tendrá nunca cómo probar la existencia y tampoco que el sargento estuvo en tiempo, modo y lugar en esa conducta e hizo los que Fiscalía está diciendo lo que mi cliente hizo que fue alquilar unas bodegas para guardar un armamento", sostuvo el jurista.
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Solo en el caso del sargento Caro, con 22 años en el Ejército, se le imputaron los cargos de distribución con participación en el tráfico de armamento de uso privativo de las fuerzas armadas.
Los militares enfrentan un proceso que podría condenarlos hasta a 12 años de cárcel.
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