Enfrentamientos entre grupos armados en Córdoba dejan incremento de homicidios

En medio del conflicto que se vive entre Los Caparrapos y el Clan del Golfo, el miedo se apodera de las comunidades en San José de Uré quienes prefieren no denunciar la compleja situación de orden público.

Desde hace varios meses se ha desatado una confrontación entre grupos armados que quieren tomar el control del municipio de San José de Uré, una zona apetecida por las rutas del narcotráfico y los yacimientos de minería ilegal. Fuentes de la Policía advierten que algunos de los habitantes del lugar sirven como informantes de organizaciones criminales.

Ante la grave situación de orden público que se vive en esa región del país, la Defensoría del Pueblo inició una misión humanitaria para conocer a fondo las problemáticas con las que tienen que vivir los habitantes del bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba.

El homicidio aumentó más de un 100%
 

Según la Policía, las muertes violentas en San José de Uré se incrementaron en el último año hasta en un 114% dejando un total de 24 homicidios. El defensor del Pueblo, Carlos Negret, dio algunas versiones del por qué se disparó la tasa de homicidios en esa región del país.

"Aquí en San José de Uré están asesinando a las personas, el concepto de la Defensoría del Pueblo se deriva en la gran mayoría de ellos por la minería ilegal y por el control de la hoja de coca", aseguró Negret.

Esta zona del país es apetecida por las organizaciones armadas debido a los corredores de narcotráfico que inician en el bajo Cauca antioqueño y desembocan en el departamento de Córdoba.

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El defensor aseguró que tanto el homicidio como el desplazamiento forzado ya se habían advertido a través de alertas tempranas en el departamento de Córdoba y el bajo Cauca Antioqueño, en donde las comunidades ahora conviven con el crimen.

Desplazamiento masivo, la consecuencia de una guerra entre criminales

La Gobernación de Córdoba reportó el año pasado en el municipio de San José de Uré tres desplazamientos masivos que perjudicaron a 243 familias, pero lo grave de esta situación es que hasta el momento las víctimas no han podido retornar a sus tierras.

La falta de presupuesto económico sería la causa principal por la que hasta ahora no se ha podido realizar la reparación, así lo explicó el secretario del Interior y Participación de Córdoba, Juan José González.

"Nosotros con la Alcaldía hacemos todo lo posible para tener como prioridad el plan retorno, hasta el momento no se ha dado, pero es una de nuestras prioridades... se necesitan mesas de trabajo que llevan a que nosotros como Gobernación tengamos la cifra de desplazamiento, el llamado que hacemos es para que el Gobierno coadyuven esta situación", dijo.

El defensor Negret aseguró que se necesitan "garantías de producción" porque en esa zona del país solo hay acceso a la minería ilegal y al narcotráfico, fenómenos que no permiten la disminución de delitos como el desplazamiento forzado y el homicidio.