El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular interpuesta por el gremio de los taxistas contra varios entes gubernamentales por la falta de respuesta ante la legalidad de la operación de Uber en Bogotá.
La corporación dio diez días a los demandados, en este caso, la Presidencia de la República, a los ministros, al superintendente y al procurador general, para que informen a los magistrados sobre las acciones realizadas en el tema de la plataforma tecnológica.
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Además, el organismo judicial negó las medidas cautelares que buscaban que se suspendiera de inmediato el servicio de Uber en la ciudad.
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Sobre el tema, Hugo Ospina, representante de los taxistas en Bogotá, aseguró que la demanda se radicó porque “los vehículos de servicio especial no pueden hacer las veces de taxi, eso lo dicen varias leyes que se están incumpliendo y por eso interpusimos la demanda”.
Aseguró que las empresas de servicios especiales fueron citadas el pasado 18 de septiembre para informar que se debía crear una empresa de transporte si se quería seguir operando como taxi “a lo que Uber se negó en una situación desafiante diciendo que no les interesaba y ante semejante grosería decidimos poner la demanda”.
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Insistió en comparar a Uber con DMG afirmando que “la gente está vendiendo sus casitas y sus cosas para sacar un carro de esos porque supuestamente los van a legalizar y se gana buena plata pero que no se engañen, eso no es cierto”.
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