Este viernes el fiscal general, Francisco Barbosa, se reunió con el comandante de la Policía de Bogotá y con el presidente de Fenalco para tomar medidas que garanticen la seguridad en establecimientos comerciales.
La medida se conoce dos semanas después de que atracaran una joyería del centro comercial Gran Estación, en el occidente de la capital.
Según cifras de la Fiscalía, entre el 20 de marzo y el 25 junio de esta año se han recibido 2.081 denuncias de hurto en Bogotá mientras que en el mismo lapso del año anterior se recibieron 5.400 denuncias. Sin embargo, aunque esto representa una disminución cercana al 60%, las autoridades creen que cuando se permita la salida normal a las calles la cifra cambie radicalmente.
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“Con la pérdida de empleos y con la contracción económica del país, nos lleva a pensar de forma prospectiva y estamos previendo que puede haber cierto aumento de la delincuencia. Eso va a generar que a mayor salida de personas a las calles podría incrementarse esos delitos. Ante esta circunstancia estamos haciendo esas reacciones”, dijo el fiscal Barbosa.
Por esta razón, la Fiscalía y la Policía crearon un equipo elite para vigilar en tiempo real los establecimientos comerciales, identificar a todos los que ingresen y así, garantizar la seguridad de los colombianos. También, tomaron la decisión de instalar arcos para la identificación de metales.
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El fiscal aseguró que habrá grupos de reacción conformados por uniformados de la Policía que estarán ubicados en los centros comerciales y, además, habrá CAI móviles que facilitará que los ciudadanos denuncien rápidamente.
Finalmente, el fiscal se pronunció sobre la polémica que se desató luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijera que “a la Fiscalía le quedaron grandes las URI y al Ministerio de Justicia “le quedaron grande las cárceles”, por el hacinamiento en estos establecimientos.
Barbosa explicó que la entidad ayudó a la problemática con la directiva pero que esas poblaciones no son de su competencia.
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“La responsabilidad de que existan lugares para evitar hacinamiento en los detenidos preventivos por obligación legal es de la alcaldesa de Bogotá. Todos los alcaldes del país están buscando estrategias para resolver el problema de los detenidos preventivos. Los sentenciados son responsabilidad del Inpec y el Ministerio de Justicia y los sindicados son de las alcaldías. La Fiscalía ya puso su grano de arena que fue la directiva para evitar que todos los casos terminen con medida de aseguramiento en cárcel”, concluyó
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