Alarmas encendidas en Cartagena: editorial de Ley del Montes septiembre 21

Cartagena de Indias es sin duda la ciudad más querida por los colombianos y la preferida de miles de turistas extranjeros que todos los años la incluyen dentro de sus planes de descanso y de vacaciones. El centro histórico de la ciudad tiene un encanto especial que enamora a quienes pasean por sus callecitas llenas de historias, como dice la célebre canción de la siempre recordada Evelia Porto de Mejía.

Pero Cartagena también tiene una cara poco amable que no aparece en las postales que millones de personas observan todos los días y que la muestran como la principal joya turística del Caribe.

Ese rostro amargo tiene que ver con la enorme desigualdad social que existe en el Corralito de Piedra, en donde –más allá de la ciudad amurallada- subsisten millones de personas en la pobreza y hasta en la miseria absoluta. Para estas personas existen muy pocas oportunidades de progreso y de crecimiento personal. Lo suyo es simplemente la supervivencia.

A ese complejo y crítico panorama se ha venido a sumar un grave problema de inseguridad que tiene a los cartageneros viviendo prisioneros en sus propias casas. Los atracos en centros comerciales y zonas residenciales son el pan de cada día. En los sectores más populares hay constantes enfrentamientos entre las llamadas pandillas, que se pelean el control territorial.

Los medios de comunicación registran todos los días hechos violentos, como asesinatos en edificios, asaltos a entidades bancarias, atracos a mano armada en restaurantes. Se trata de una situación muy crítica, que podría tener graves consecuencias para una ciudad cuyo principal soporte económico es el turismo.

Ante la grave situación se requiere que las autoridades de la ciudad, tanto civiles, como militares y policiales, pongan en marcha de forma inmediata un efectivo plan de seguridad que permita golpear con contundencia a las bandas criminales que -hasta el momento- actúan con absoluta impunidad en la ciudad.

El alcalde, Manolo Duque, en rueda de prensa que convocó el pasado lunes afirmó que cerca de 800 delincuentes disfrutan del beneficio de casa por cárcel en Cartagena, sin que las autoridades conozcan su paradero. Esa información en lugar que tranquilizar a los cartageneros –que fue la intención del Alcalde- lo que hizo que los llenó de zozobra, pues quiere decir que las autoridades no están cumpliendo con su deber.

El Gobierno Nacional también debe tomar cartas en el asunto y su colaboración con la Alcaldía y la Gobernación del departamento de Bolívar debe ser inmediata, pues la crisis no da espera. La ciudad atraviesa uno de sus peores momentos en materia de seguridad y todos sus habitantes lo mínimo que merecen es que se les garantice su integridad y su vida. Los delincuentes no pueden ganar esta batalla.