"Criminalizar la protesta no es la salida": editorial de Ley del Montes

Ante la crisis desatada por el paro camionero –que se traduce en desabastecimiento en buena parte del país y precios elevados de los productos de primera necesidad- el Gobierno Nacional optó por la judicialización de la protesta y la criminalización de los protestantes. Es decir, optó por el garrote a los líderes de la huelga y se guardó la zanahoria para después, cuando –supone el Gobierno- los camioneros bajen la cabeza y claudiquen en sus peticiones.Llama la atención que un Gobierno que desde el comienzo optó el diálogo como salida a la superación del conflicto interno y que está a punto de firmar la paz con las Farc, se radicalice a la hora de buscar salidas concertadas con voceros del gremio transportador, algunos de cuyos líderes, inclusive, integraron las listas del partido de La U, el mismo del presidente, Juan Manuel Santos.Mediante la filtración de grabaciones a varios medios de comunicación de conversaciones de los voceros de los camioneros, que busca deslegitimarlos como interlocutores, el Gobierno apuesta a minar su credibilidad y también a fraccionar al sector. A ello apuntan las drásticas medidas anunciadas, así como las declaraciones de los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; y de Transporte, Jorge Eduardo Rojas.El primero sostiene que una minoría de camioneros se ha dedicado a “intimidar y a cometer actos de agresión”, mientras que el segundo, afirma que los problemas son estructurales y que por esa razón “no se pueden resolver al calor de un paro”.Voceros de los camioneros denuncian, inclusive, el interés del Gobierno Nacional por “arrebatarles” el negocio para entregárselo a una multinacional extranjera, versión que ha sido desmentida por altos funcionarios del Ejecutivo, como el ministro Cristo.El llamado es, pues, a que las partes superen las diferencias, dejen a un lado sus posturas radicales y busquen puntos de encuentro que permitan no sólo poner fin al paro camionero, sino encontrar soluciones de fondo a un problema que es estructural y no coyuntural. Pero para ello es muy importante que tanto el Gobierno como los camioneros le bajen el tono a la discusión y a los señalamientos. El interés de los colombianos –los más afectados con la huelga- es que muy pronto se supere la crisis y se logren los acuerdos que pongan fin al paro camionero más largo de la historia, cuyas graves consecuencias en la economía nacional ya empiezan a sentirse.

"Criminalizar la protesta no es la salida": editorial de Ley del Montes

Editorial de Óscar Montes en Vive Barranquilla.

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Paro camionero