El juzgado primero promiscuo de Familia del circuito de Soledad deberá, finalmente, pronunciarse sobre el impedimento de un juez en Barranquilla que debía definir la medida de aseguramiento contra los dos jueces y el fiscal capturados en el marco del proceso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla por presuntos fallos irregulares.
Así lo decidió este lunes el Consejo Superior de la Judicatura, seccional Atlántico, al trasladar el proceso por el impedimento del juez 19 de control de garantías en Barranquilla.
Entre tanto, los capturados permanecen desde hace dos semanas en un hotel, mientras otro juez decide también la solicitud de habeas corpus interpuesta por sus abogados, la cual fue elevada el 31 de diciembre.
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Esta es la cuarta ocasión en que los procesados apelan a este recurso para lograr su libertad. En esta oportunidad está en manos del juez 5 de ejecución de penas de Barranquilla.
Para el representante legal de la Universidad Metropolitana, Alejandro Arcila, "todo obedece a maniobras dilatorias de los detenidos y sus defensores".
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El pasado 15 de diciembre fueron capturados el fiscal Gustavo Orozco Pertúz, el juez Rafael Uribe Henríquez y el juez Alberto Oyaga Machado, a quienes les imputaron los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal por presuntos fallos amañados en el proceso por el control de la Universidad Metropolitana, que enfrenta a dos vertientes de la familia Acosta.
Por un lado están los Acosta Osío y Acosta Pérez, que tienen el control de la universidad, y por el otro Ivonne Acosta y su esposo Carlos Jalller.
El rector de la Universidad Metropolitana, Juan José Acosta Osío, manifestó este lunes, a través de un comunicado, que la institución y algunos miembros de su Consejo Directivo han sido víctimas de una operación criminal de la que, según las investigaciones de la Fiscalía, han hecho parte Gustavo Orozco Pertuz, el fiscal 56 seccional de Barranquilla, y los jueces Alberto Oyaga Machado y Rafael Uribe Henríquez.
De acuerdo con el abogado Arcila, el impedimento del juez 19 de control de garantías se presentó, precisamente, porque fue contactado en forma irregular por uno de los capturados para presionar su decisión.
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El juez Oyaga Machado está haciendo un uso irregular del teléfono proporcionado por la policía judicial solo para efectos de adelantar su defensa. Se han presentado solicitudes que lo único que han intentado es dilatar, de manera grave, la actividad de la administración de justicia, con el único fin de tener la libertad de estos procesados.
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