¿Empresarios en la mira de la Justicia Transicional?: editorial Ley del Montes

Por cuenta de la llamada Jurisdicción Especial de Paz, que permitirá el juzgamiento de quienes de alguna u otra forma tuvieron que ver con el conflicto armado con las Farc, incluyendo a los civiles, se ha generado en el país una especie de pánico en algunos sectores específicos de la población.
Uno de los más inquietos con los efectos de la Jurisdicción Especial de Paz es el sector productivo, concretamente el de los industriales, empresarios y comerciantes, quienes viven en un estado de nervios desde que supieron que en la Fiscalía General reposan varios expedientes que podrían involucrarlos con organizaciones armadas al margen de la Ley, sean de extrema derecha o de extrema izquierda.
El Gobierno, con el presidente Juan Manuel Santos a la cabeza, ha tenido que salir a desvirtuar las versiones, según las cuales las cárceles del país terminarán con empresarios presos, mientras al Congreso de la República llegarán guerrilleros de las Farc a hacer las leyes con las que los terminarán juzgando.
“Ningún empresario honesto tiene porque preocuparse. Solo tienen que presentarse voluntariamente y quedarán limpios de por vida”, dijo Santos a los industriales y empresarios del país.
Pero ese es precisamente el problema: ¿Quién se encargará de expedir el certificado de buena conducta de los industriales, empresarios y comerciantes del país? ¿Los guerrilleros resentidos que no recibieron un peso de extorsión de parte de quienes se negaron a pagarles la tristemente célebre “vacuna”? ¿Quién garantiza que la nueva Jurisdicción Especial de Paz no será el escenario propicio para que los guerrilleros de las Farc -y sus aliados, que también los hay- aprovechen la ocasión para pasarles una funesta cuenta de cobro a los industriales, empresarios y comerciantes honestos del país?
Dicen algunos juristas que en Colombia una “orden de captura no se le niega a nadie”. De igual manera, tampoco se le niega un “testigo falso” con capacidad suficiente para empapelar a personas inocentes y llevarlas a la cárcel. De hecho, cada día se conocen más y más víctimas del llamado “cartel de testigos falsos”.
Está bien que aquellos empresarios que tuvieron estrecha relación con organizaciones armadas ilegales paguen por sus delitos. Pero estaría muy mal que por cuenta de la llamada Justicia Transicional -que se implementará una vez se firme la paz con las Farc- terminen pagando empresarios justos por empresarios pecadores.
La preocupación de los representantes del sector productivo –que tuvieron eco en las declaraciones del vicepresidente, Germán Vargas Lleras, quien mostró preocupación por los alcances de la Jurisdicción Especial de Paz- no son infundadas y el Gobierno debería hacer claridad cuanto antes de manera rigurosa y contundente sobre esa materia. Es lo mejor para evitar futuras sorpresas.