Las razones por las que el concesionario del aeropuerto Cortissoz exige millonaria indemnización

En primer lugar, el Grupo Aeroportuario del Caribe (GAC) aclaró que el contrato de concesión que le fue adjudicado en marzo de 2015 “no comprende la construcción de una nueva infraestructura” en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, sino que “su alcance se limita a la modernización de la infraestructura existente”.

El operador explica que, a pesar de que se estructuró bajo un formato de alianza público privada, “el proyecto no recibe ingresos provenientes de entidades públicas ni vigencias futuras para efectos de la obra”.

Así las cosas, dice que "los recursos necesarios para la ejecución de las intervenciones son de naturaleza privada y se componen de dos elementos: la inversión realizada por los accionistas del concesionario y los recursos de deuda (préstamo bancario)".

Según el concesionario, el valor del contrato es de $610.153.000.000, presupuesto estimado para la totalidad de las intervenciones y la operación del aeropuerto Cortissoz, desde su adjudicación en marzo de 2015 hasta su finalización en junio de 2035.

“A la fecha el monto total invertido en obras es de $349.518.000.000”, indica.

Luego, el Grupo Aeroportuario reconoce que el pasado 23 de febrero convocó a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, a un tribunal arbitral “con el fin de buscar una solución a la situación de fuerza mayor que ha afectado la operación del proyecto”.

Se refiere a “las medidas de suspensión y la reducción del tráfico aéreo que trajo consigo la propagación mundial del COVID-19, lo cual ha generado que las operaciones del Aeropuerto se vean gravemente afectadas”.

Según la ANI, con esta demanda el GAC busca que la Nación lo indemnice con 765.000 millones de pesos. En este punto, el concesionario aclara que “el valor de la reclamación presentada para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por perjuicios ocasionados por el COVID-19, percibido durante el periodo marzo 2020 y 31 de diciembre de 2022, no corresponde a las cifras presentadas recientemente”.

"Bajo este contexto, de no darse la anterior pretensión, el concesionario ha solicitado la implementación de la fórmula contemplada en el contrato de concesión para la terminación anticipada, que consiste en devolver los recursos invertidos”, añade.

El operador concluye que, de la mano con las entidades financieras que participan en el proyecto y la ANI, “se han instalado mesas de negociación para superar los traumatismos referidos y reestablecer las condiciones económicas del contrato de concesión para hacerlo financieramente viable”.