El Tsunami político y judicial en que se ha convertido el escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia, podría ser el más grande en la historia reciente del país, inclusive con mayores implicaciones que los tristemente célebres Proceso 8.000 y la “parapolítica”.
Las últimas decisiones de la Fiscalía General tuvieron que ver con las capturas del ex vice ministro de Transporte, Gabriel García Morales, y el ex senador cordobés Otto Bula, quienes deberán responder ante el organismo investigador por la apropiación indebida de millones de dólares provenientes del pago de sobornos y coimas para la adjudicación de la licitación de la Ruta del Sol, sector dos, a la multinacional brasileña. El primero de ellos es señalado de haber recibido US$6.5 millones, mientras que el segundo se habría encargado de “engrasar” a varios senadores, representantes y miembros de la clase política, quienes habrían facilitado la celebración del multimillonario negocio.
De acuerdo con testimonios de ex directivos de Odebrecht, hoy presos en Brasil por corrupción, esa multinacional pagó en Colombia US$11.1 millones por sobornos a funcionarios, entre los años 2009 y 2014. Ello significa -para hacer claridad sobre el tema- que dos gobiernos tuvieron que ver con las actuaciones indebidas o abiertamente ilegales de Odebrecht en Colombia: el de Álvaro Uribe y el de Juan Manuel Santos.
Tanto Uribe como Santos han salido presurosos a tratar de enlodar a quien en el pasado reciente fue su principal aliado político y hoy por diversas circunstancias se ha convertido en su principal enemigo. Es decir, cuando Odebrecht hizo negocios turbios en Colombia, Santos y Uribe no enemigos irreconciliables como aparecen hoy en día. Solo ellos saben exactamente hasta dónde llegan los tentáculos de Odebrecht con sus respectivos gobiernos.
La dimensión del escándalo de Odebrecht es tal que los organismos investigadores de Brasil y ahora de Colombia requerirán de la asistencia técnica y judicial de Estados Unidos para que este grave asunto se esclarezca en su totalidad.
De lo que no puede haber dudas es que la Fiscalía General tendrá que emplearse a fondo para establecer las responsabilidades penales de quienes incurrieron en esta criminal conducta. De manera que no puede temblarle la mano al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, a la hora de tomar decisiones al respecto, caiga quien caiga.
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